La Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Contratación del Ayuntamiento de Donostia ha revisado un total de 159 contratos públicos en 2025, detectando 187 casos de ilegalidad por parte de la Secretaría General e Intervención. Este número representa un aumento del 28% en comparación con el año anterior, lo que ha generado preocupación entre los grupos de oposición.
Durante la presentación de estos datos en el Pleno, el concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, quien preside la comisión, explicó que de los contratos analizados, 102 eran nuevos, 34 modificaciones contractuales y el resto, 23 liquidaciones. Sin embargo, se ha registrado una disminución del 15% en el número de contratos examinados en comparación con 2024. A pesar de esto, las irregularidades han aumentado de 146 a 187, lo que ha llevado a los demás grupos a exigir la implementación de medidas para asegurar la legalidad en el proceso de contratación.
El concejal de EH Bildu, Jabi Vitoria, ha expresado su descontento, señalando que «la situación ha empeorado». En respuesta, el concejal del PNV, Kerman Orbegozo, ha defendido que el Ayuntamiento está comprometido con la mejora continua y el control de estos procesos, mencionando la activación de un sistema automatizado para alertar sobre la finalización de contratos.
Las irregularidades más frecuentemente identificadas incluyen adjudicaciones con efecto retroactivo y problemas relacionados con la duración de los contratos, así como el fraccionamiento de los mismos para evitar su salida a concurso público. Esta situación subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación en el ámbito municipal.
Además, durante la sesión del Pleno, se aceptó la renuncia de Carlos García, concejal del PSE, quien ha dejado su puesto por «motivos personales». García, que se desempeñaba como responsable de Mantenimiento y Servicios Urbanos, agradeció a los trabajadores municipales su «profesionalidad» y «capacidad para resolver problemas». Su departamento es crucial, gestionando más de 100 millones de euros del presupuesto municipal, lo que representa una quinta parte del total.
La marcha de García también implica la búsqueda de un nuevo presidente para el Distrito Este, dado su impacto en la administración local. La situación actual respecto a la contratación pública y la renuncia de un concejal clave plantea retos importantes para el Ayuntamiento de Donostia, que debe afrontar la creciente presión de los grupos de oposición y garantizar la transparencia y legalidad en todos sus procesos.
Este escenario resalta la importancia de establecer protocolos claros y eficaces en la gestión pública, especialmente en un contexto donde las irregularidades han aumentado. La responsabilidad de los representantes locales es asegurar la confianza de los ciudadanos en la administración municipal y mejorar la transparencia en la contratación pública. La evolución de estas cuestiones será objeto de seguimiento por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.
