El Parlamento Vasco ha dado luz verde a una enmienda propuesta por el PNV y el PSE-EE, que solicita al Gobierno Vasco que «refuerce la protección social y económica» de la ciudadanía y las empresas mediante medidas complementarias al ‘Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio’. Este plan fue aprobado el pasado mes de marzo por el Congreso de los Diputados.
El debate en la Cámara se llevó a cabo el jueves, a raíz de una iniciativa presentada por Sumar, que no prosperó al recibir 46 votos en contra por parte de PNV, PSE, PP y Vox, mientras que EH Bildu se abstuvo y el único representante de Sumar votó a favor.
La propuesta de Sumar abogaba por la creación, con carácter urgente, de «un escudo social vasco que proteja a las personas más vulnerables ante los efectos de la derogación de los decretos de ‘escudo social’ por parte de los partidos de derechas».
Entre las solicitudes de Sumar se incluían medidas para prevenir desahucios de familias sin alternativas habitacionales y evitar cortes de suministros energéticos. También se reclamaba compensar la reducción del ‘bono social’ y aliviar el coste de la cesta básica de alimentos, además de la creación de una cesta de la compra «accesible a todo el mundo», con un control sobre los precios de productos esenciales.
La enmienda aprobada contó con el apoyo de 39 votos de PNV y PSE-EE, 33 abstenciones de EH Bildu, PP y Vox, y un voto en contra de Sumar. El texto insta al Gobierno Vasco a implementar, dentro de sus competencias, medidas complementarias al Plan Integral mencionado, con el objetivo de «reforzar la protección social y económica de la ciudadanía y del tejido productivo vasco».
Además, se requieren mecanismos de protección frente a situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda, destacando la necesidad de «impulsar soluciones habitacionales alternativas en coordinación con otras instituciones competentes». Se enfatiza la importancia de «garantizar la protección frente a la interrupción de suministros básicos (electricidad, gas y agua) a personas y familias vulnerables».
La enmienda también pide al Gobierno Vasco que «refuerce los mecanismos de seguimiento, transparencia y control del funcionamiento de la cadena alimentaria», para prevenir abusos y fomentar acuerdos que aseguren el acceso a bienes esenciales en condiciones asequibles.
Asimismo, se solicita el desarrollo de líneas de apoyo específicas para pymes y autónomos, especialmente para aquellos sectores afectados por el aumento de los costos energéticos y de recursos, en particular el transporte, la industria y el primer sector. Esta medida iría acompañada de la creación de instrumentos financieros y ayudas temporales.
En cuanto a la eficiencia energética, el texto insta a promover políticas que favorezcan la competitividad industrial mediante la reducción de costes indirectos y a impulsar la electrificación y el autoconsumo, especialmente en hogares y en el tejido productivo.
También se menciona la necesidad de acelerar el despliegue de energías renovables y de aprovechar las redes energéticas, alineándose con los objetivos de transición energética. Se busca contribuir a «reducir la dependencia energética exterior y a reforzar la resiliencia económica».
Por último, se hace hincapié en la necesidad de que el Gobierno Vasco defienda activamente, en los ámbitos estatal y europeo, los intereses de la economía vasca, en especial en las áreas energética e industrial. Asimismo, se solicita que coordine sus actuaciones con las Diputaciones Forales y entidades locales, para garantizar una respuesta integral y eficaz ante estos desafíos.
