El Gobierno Vasco ha decidido otorgar nuevamente el tercer grado penitenciario a Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, quien cumple condena por varios crímenes, incluyendo el asesinato de un niño de dos años, Fabio Moreno, en 1991 en Erandio, Vizcaya. Esta decisión ha sido confirmada por fuentes del Departamento de Justicia de la administración autonómica este jueves, y también se ha concedido el mismo régimen a Eneko Gogeaskoetxea.
En el caso de Gadafi, actualmente recluido en la prisión de Basauri, ya había recibido este beneficio en octubre de 2025, aunque fue anulado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y posteriormente revocado por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Gadafi está condenado a más de 1.120 años de cárcel por un total de 15 asesinatos, aunque la ley establece un límite de cumplimiento de 30 años.
Por su parte, Gogeaskoetxea se encuentra en la cárcel de Martutene, en San Sebastián, y enfrenta penas que suman más de 360 años por diversos delitos, entre los que destaca un intento de asesinato contra el rey Juan Carlos I en la inauguración del Guggenheim de Bilbao en 1997, un atentado que fue frustrado por el ertzaina Txema Agirre, quien fue asesinado posteriormente por miembros de ETA.
La concesión de estos terceros grados ha generado controversia, especialmente entre las víctimas del terrorismo. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha expresado su rechazo, calificando estas decisiones como «fraudulentas» y como una nueva manifestación de lo que consideran una «amnistía encubierta» aplicada por el Gobierno Vasco a los reclusos de la organización terrorista.
Covite sostiene que estas medidas «confirman» la percepción de que el Ejecutivo autonómico está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos graves de terrorismo, sin que se exija un arrepentimiento real y verificable. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha enfatizado que este tipo de decisiones no representan un proceso de «reinserción», sino una política que busca un «vaciamiento progresivo de las cárceles» de etarras, en respuesta a las demandas de la izquierda abertzale.
Ordóñez considera que el caso de Gadafi es «especialmente grave», ya que, tras haber recibido el tercer grado anteriormente—aunque revocado posteriormente—la nueva concesión demuestra, a su juicio, una política deliberada por parte del Gobierno Vasco. Además, ha recordado las recientes resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que han anulado la aplicación del artículo 100.2 a otros presos, lo que ha suscitado críticas contra el Gobierno Vasco por «forzar» la legalidad.
La presidenta de Covite ha advertido que las cartas de arrepentimiento presentadas por algunos de estos reclusos suelen ser redactadas justo antes de la concesión del tercer grado, lo cual sugiere que no responden a un arrepentimiento sincero, sino a una estrategia para obtener beneficios penitenciarios. Asimismo, ha mencionado un reciente auto de la Audiencia Nacional que revocó el tercer grado a otro etarra, Xabier Atristain, señalando que «las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia no son suficientes» sin evidencias claras de desvinculación de ETA.
Covite ha pedido que se aplique la misma lógica a las decisiones sobre Gogeaskoetxea e Iglesias Chouzas, instando a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a recurrir estas concesiones y a defender el derecho de las víctimas a la justicia en el proceso de ejecución de condenas. Esta situación refleja un escenario delicado en el que las decisiones del Gobierno Vasco y la respuesta de la Fiscalía podrían tener repercusiones significativas sobre la percepción pública de la justicia y la memoria histórica relacionada con el terrorismo en Euskadi.
