El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha subrayado que los inquilinos que residen en municipios vascos clasificados como zonas tensionadas tienen derechos específicos, incluyendo la posibilidad de solicitar prórrogas de alquiler. Esto ocurre a pesar de que el decreto ley que pretendía extender estas prórrogas por dos años no pudo ser aprobado este martes en el Congreso de los Diputados. Según Itxaso, en Euskadi, el 54% de la población vive en estas áreas donde la legislación protege a los inquilinos, permitiéndoles solicitar la prórroga de sus alquileres.
El consejero ha destacado que, a diferencia de la normativa estatal sobre zonas tensionadas, que no incluye medidas sancionadoras, el Gobierno Vasco ha implementado un régimen de sanción específico para proteger a los inquilinos. «Pueden denunciarlo y nosotros aplicaremos sanciones», afirmó Itxaso, quien animó a los afectados a ejercer su derecho según la ley. Esta herramienta todavía no se ha utilizado, según su declaración.
Itxaso también ha aconsejado a los propietarios que consideren aceptar estas prórrogas extraordinarias, ya que cambiar de inquilino no resultaría beneficioso debido a que, en estas zonas, «no podrán subir la renta» en nuevos contratos. Reconoció que esta falta de incentivos para elevar los alquileres podría resultar en una estabilización del mercado de alquiler o un aumento de las ventas de propiedades.
El consejero participó en un debate titulado ‘La Vivienda en Donostia: ¿Para vivir o para invertir?’ en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donostia, donde también estuvo presente el economista Alejandro Inurrieta, quien es experto en el mercado inmobiliario. Itxaso aprovechó su intervención para criticar a ciertos municipios que no han solicitado la designación de zona tensionada a pesar de tener precios de vivienda muy elevados, como es el caso de Zarautz y Getxo.
En el marco del debate, Itxaso se refirió a la necesidad de ampliar el mercado de alquiler y lamentó que los ayuntamientos no estén aprovechando el canon de vivienda vacía, que está en vigor desde 2015. Actualmente, solo el municipio de Azpeitia ha implementado esta medida, mientras que la mayoría de las localidades apuestan por recargos en el IBI de las viviendas deshabitadas.
Durante el coloquio, una representante de la asociación Manteo Bizirik planteó su preocupación sobre la utilización de suelo público para la construcción de la segunda sede del Basque Culinary Center, el GOe. En respuesta, Itxaso no dudó en criticar al ayuntamiento de Donostia, que es dirigido por Jon Insausti. “Me gustaría que los tiempos empleados en el Ayuntamiento para desarrollar vivienda protegida fueran los mismos que se han utilizado para el Basque Culinary Center”, comentó.
El consejero insistió en que, a pesar de las reuniones y conversaciones, no se logran avances en los desarrollos urbanísticos. Mencionó el caso de Auditz Akular, donde, según el actual Plan General, podrían construirse hasta 3.000 viviendas, pero el proyecto permanece paralizado. Itxaso también describió Donostia como una ciudad «muy constreñida, con muy poco suelo urbanizable», lo que enfatiza la necesidad de un desarrollo urbano más eficiente.
Asimismo, Itxaso mencionó que la situación de los precios de vivienda se está convirtiendo en un fenómeno común en toda Europa, donde ciudades que antes eran accesibles ahora presentan precios prohibitivos. Subrayó la importancia de maximizar el uso del suelo disponible, promoviendo un desarrollo urbano más compacto y denso, adaptándose a los cambios demográficos y estilos de vida que se han observado en las últimas décadas.
El consejero también señaló que el parque de vivienda en alquiler sigue siendo insuficiente y reconoció que las medidas que se están implementando por el Gobierno Vasco tendrán efectos a medio y largo plazo. Reiteró que es fundamental que el mercado de alquiler sea atractivo tanto para inquilinos como para propietarios, destacando el aumento de las rentas de Bizigune para aquellos que alquilan sus viviendas al Gobierno.
Por su parte, Alejandro Inurrieta expresó su crítica hacia los beneficios fiscales otorgados a los propietarios, resaltando que esta práctica se sostiene con fondos públicos y cuestionando la protección existente en España, que parece favorecer más a los propietarios que a los inquilinos. Esta discusión en torno a la vivienda y su accesibilidad continúa siendo uno de los temas más acuciantes en la agenda política y social de Euskadi.
