El Ayuntamiento de Arrasate ha puesto en marcha una nueva iniciativa destinada a facilitar el acceso a la vivienda, con el objetivo de desarrollar aproximadamente 1.000 pisos protegidos en un plazo de 15 años. En el marco de esta estrategia, se prevé la cesión de terrenos al Gobierno Vasco en la zona de San Andrés Berri, cuyo valor se estima en dos millones de euros, para la construcción de vivienda pública. Este terreno es el último espacio disponible en la parcela donde se ubicaba la antigua empresa Polmetasa.
Esta acción forma parte de un contexto más amplio, tras la reciente declaración de la villa como una zona residencial tensionada, oficializada en un acto en Donostia. Otras localidades, como Pasaia y Zestoa, también han recibido esta clasificación, que entrará en vigor con su publicación en el BOE. Esta nueva condición proporcionará al Consistorio herramientas legales adicionales para gestionar los precios del alquiler y aumentar la oferta de vivienda pública.
La alcaldesa, Maider Morras, ha destacado que esta declaración es el resultado de un trabajo de dos años en el que se han realizado esfuerzos técnicos y políticos. Según la alcaldesa, el propósito es abordar una situación en la que el acceso a la vivienda ha estado «sujeto a las dinámicas del mercado», reiterando la necesidad de intervenir para asegurar este derecho fundamental: «la vivienda es un pilar básico para una vida digna».
El plan que se ha presentado incluye una inversión cerca de cinco millones de euros, que se destinará a diversas iniciativas, incluida la adquisición del antiguo colegio La Merced por tres millones de euros. Este proyecto busca crear un espacio intergeneracional de viviendas y servicios para jóvenes y mayores, junto con la cesión de suelo al Gobierno Vasco.
La situación del mercado residencial en Arrasate ha sido objeto de un diagnóstico realizado por el Ayuntamiento, que revela una presión creciente en los precios de alquiler. En este sentido, el precio medio del alquiler ha subido un 23,9% entre 2017 y 2022 y ha aumentado un 30,7% en los últimos trece años, superando la media del territorio. Aunque la disponibilidad de pisos en régimen de arrendamiento ha crecido en un 87% en la última década, todavía representa solo el 13,9% del total, mientras que la vivienda protegida apenas alcanza el 8,07%.
Frente a este panorama, el plan diseñado por el Ayuntamiento se articula en cuatro ejes principales. El primero se enfoca en fomentar el alquiler asequible, con la mencionada meta de construir 1.000 viviendas protegidas. El segundo eje se concentra en la rehabilitación y regeneración urbana, actualizando la normativa para permitir la conversión de locales comerciales en viviendas y facilitando la división de inmuebles de gran tamaño con el fin de generar opciones más accesibles.
El tercer eje se dedica al control del mercado, introduciendo limitaciones en los precios de alquiler y la creación de un registro para las viviendas vacías. Para incentivar su incorporación al mercado, se establecerá un canon que aumentará un 10% anualmente si no se ocupan. Por último, el cuarto eje contempla ayudas y bonificaciones, manteniendo las subvenciones al alquiler para jóvenes y ofreciendo beneficios fiscales a propietarios que alquilen a precios asequibles.
La alcaldesa concluyó enfatizando que «se abre una nueva puerta para Arrasate, para reivindicar la vivienda como un derecho y no como un negocio». Esta declaración subraya el compromiso local hacia una solución que priorice el bienestar de sus ciudadanos en un contexto de creciente dificultad para acceder a una vivienda digna.
