El lehendakari Imanol Pradales hizo un anuncio a finales de enero sobre un acuerdo con Pedro Sánchez que permitiría la cesión de la gestión de los aeropuertos a Euskadi, con un plazo de dos meses para su cierre. Sin embargo, el Gobierno Vasco rápidamente aclaró algunos matices de este pacto. Este lunes, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, expresó su preocupación por los obstáculos que está encontrando la coalición en el proceso. A pesar de ello, Vaquero afirmó que aún había tiempo para alcanzar un entendimiento dentro del plazo establecido.
“Parece que se estaban dando pasos para que pudiera haber un acuerdo. La negociación estaba teniendo un cauce positivo y en estos momentos se está dando una marcha atrás”, lamentó la portavoz durante una rueda de prensa. El objetivo que plantearon tanto Sánchez como Pradales es que antes de la Semana Santa se celebre una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación, donde se ratificaría la cesión de la gestión de los aeropuertos al País Vasco.
No obstante, el presidente de AENA, Maurici Lucena, ya había advertido que tal cesión podría ser «nula de pleno derecho», a pesar de que el Gobierno controle el 51% del consejo de administración. Desde hace semanas, el Ejecutivo de Sánchez ha repetido que el acuerdo con Pradales implica una «cogestión» de estas infraestructuras, subrayando que no se renunciaría al estatus de «interés general» de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia, dado que la Constitución estipula que en estos casos la competencia es exclusiva del Estado.
En este contexto, Vaquero criticó que se estén diluyendo los acuerdos que empezaban a materializarse. “Nos preocupa que se negocie así”, afirmó, al tiempo que insistió en que «todavía hay tiempo» para buscar un acuerdo viable. La dirigente del PNV enfatizó que el objetivo de su partido es que «Euskadi tenga voz en las infraestructuras estratégicas y derecho a decidir sobre ellas».
Este asunto es de gran relevancia para la comunidad autónoma, ya que la gestión de los aeropuertos implica no solo cuestiones logísticas y económicas, sino también el desarrollo de infraestructura que puede fomentar el turismo y la industria local. La capacidad de decisión sobre estos puntos estratégicos es un tema recurrente en el debate político en el País Vasco.
A medida que se acerca la fecha límite, la presión para alcanzar un acuerdo se intensifica. La habilidad de ambos gobiernos para negociar y llegar a un entendimiento no solo afectará a la gestión aeroportuaria, sino que también podría influir en futuras colaboraciones en otros sectores. La situación actual subraya la complejidad de las relaciones entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central, en un momento en que la autonomía y la capacidad de decisión son puntos cada vez más debatidos en el ámbito político.
