La Federación Vasca del Taxi ha convocado al sector a una movilización programada para el 26 de marzo en Donostia. El propósito de esta acción es denunciar lo que consideran un «ilícito intrusismo profesional» por parte de plataformas como Uber, que, según afirman, perjudican al sector del taxi mediante los vehículos de turismo con conductor (VTCs). Asimismo, exigen el cumplimiento de la normativa vigente.
En un comunicado, la Federación ha expresado su descontento con la «falta absoluta de interés» que muestra el alcalde de Donostia, Jon Insausti, respecto a la regulación de las VTCs para que cumplan con el marco normativo establecido.
La Federación ha manifestado su sorpresa ante la tolerancia de algunos representantes políticos hacia este intrusismo, citando que Uber tiene su domicilio fiscal en Holanda. Esto implica que sus ingresos se declaran en ese país, lo que a su vez afecta la tributación en el territorio vasco. Del mismo modo, han señalado que muchas empresas que operan bajo autorizaciones VTC también tienen su sede en Madrid, lo que les exime de contribuir fiscalmente en la Comunidad Autónoma Vasca.
Además, han señalado que los servicios ofrecidos por estas plataformas son, en muchos casos, de calidad deficiente tanto para los usuarios como para los trabajadores. La competencia para regular estas actividades recae en el Estado, lo que limita la capacidad de la Comunidad Autónoma Vasca para establecer normas que garanticen un servicio adecuado.
Desde la Federación Vasca del Taxi también han criticado que, a pesar de que los políticos declaran su compromiso con la protección del servicio de taxi y la necesidad de hacer cumplir la normativa hacia las VTCs, estos compromisos no se traducen en acciones concretas. En comparación, mencionaron que en otras comunidades autónomas y ciudades, como Vigo y Pamplona, las administraciones han actuado de manera decisiva desde el inicio, implementando inspecciones y controles que han llevado a la inmovilización de vehículos y la imposición de sanciones.
La Federación ha advertido que no tolerará la «connivencia» entre las instituciones públicas y las plataformas que ofrecen servicios de VTCs, por lo que la movilización del 26 de marzo será solo el comienzo de una serie de acciones. Tras esta manifestación, la Junta Directiva de la Federación planea establecer un calendario con nuevas fechas y lugares para continuar exigiendo el cumplimiento de la normativa.
Este movimiento se alinea con un creciente descontento en el sector del taxi, que ha visto cómo la competencia desleal puede afectar no solo su actividad económica, sino también la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. La situación abre un debate sobre la necesaria regulación de estos nuevos modelos de negocio en un contexto donde la protección del empleo y el cumplimiento de la normativa deben ser prioridades para las administraciones. La movilización del próximo mes podría ser un punto de inflexión en la lucha por un marco regulatorio más justo para el sector del taxi en Gipuzkoa.
