El Gobierno Vasco, a través de su Departamento de Salud, ha iniciado un proceso de selección que busca la contratación de 16 inspectores médicos, así como el nombramiento de una nueva subdirectora de aseguramiento y contratación sanitarias. Esta medida tiene como objetivo principal desbloquear la situación que afecta a los informes de la Inspección Médica, que son esenciales en los expedientes de responsabilidad patrimonial presentados contra Osakidetza.
La acción se produce después de que el Ararteko haya señalado la preocupación por la demora en la emisión de estos dictámenes médicos, los cuales son fundamentales para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que enfrentan a Osakidetza por alegaciones de presunta mala praxis médica. Según declaraciones del Defensor del Pueblo vasco, la situación actual ha generado un retraso significativo en la capacidad del sistema para abordar estas quejas, afectando tanto a pacientes como a sus familias.
Los informes de la Inspección Médica, que suelen ser el primer paso en el proceso de reclamación ante Osakidetza, están sufriendo retrasos que, en algunos casos, pueden alcanzar hasta tres años. Esta situación ha sido atribuida a la falta de personal en la Inspección Médica, que es la encargada de emitir los dictámenes necesarios. La dificultad en la atención de estas reclamaciones ha suscitado la necesidad de reforma y mejora en el área, como ha señalado el Ararteko en su recomendación.
En respuesta a estas observaciones, el Departamento de Salud ha indicado que no solo se llevará a cabo la contratación de los nuevos inspectores médicos, sino que también se redistribuirán los expedientes pendientes entre los tres territorios de Euskadi. Esta redistribución se realizará considerando la especial incidencia que los retrasos están generando en Bizkaia, donde la presión sobre el sistema es notablemente más alta.
El Ararteko había instado al Gobierno Vasco a que adoptara las medidas necesarias para mejorar la dotación de personal en la Inspección Médica, con el fin de agilizar la tramitación de las reclamaciones. La falta de inspectores ha sido un obstáculo persistente que afecta la eficiencia del sistema de salud pública en la comunidad autónoma.
La implementación de estas medidas es esencial no solo para mejorar la calidad de atención a los pacientes, sino también para proteger los derechos de aquellos que buscan justicia ante situaciones de mala asistencia médica. La gestión de reclamaciones de este tipo no solo es una cuestión administrativa, sino que tiene un impacto directo en la percepción pública del sistema sanitario y en la confianza que los ciudadanos depositan en él.
A medida que se avanza en la selección y contratación de estos nuevos profesionales, se espera que esto no solo aborde los problemas existentes, sino que también sirva como un paso hacia la mejora continua de los servicios de salud en Euskadi. La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de un compromiso firme por parte de las instituciones de salud para garantizar que todos los ciudadanos reciban la atención que merecen.
La evolución de este proceso será vigilada de cerca por pacientes y profesionales del sector, quienes tienen grandes expectativas sobre cómo estas decisiones impactarán en el sistema de salud. Con este movimiento, el Gobierno Vasco busca no solo resolver los problemas inmediatos, sino también sentar las bases para un sistema más eficiente y responsive en el futuro.
