El Gobierno Vasco ha logrado superar las barreras que habían obstaculizado la transferencia de las prestaciones por desempleo. Después de semanas de insistencia hacia el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, y en particular hacia Sumar, que gestiona estas ayudas a través de Yolanda Díaz, la consejera María Ubarretxena alcanzó un acuerdo este miércoles en una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Gracias a este convenio, la comunidad autónoma podrá gestionar el pago de estas prestaciones desde Lanbide. Este proceso incluye tanto las prestaciones contributivas por desempleo, que se otorgan a quienes pierden su empleo o ven reducida su jornada laboral, como los subsidios para aquellos que no han cotizado lo suficiente.
Las ayudas serán accesibles para un total de 51.000 personas, con un coste que alcanza los 822 millones de euros. Este avance en la gestión de la Seguridad Social es histórico, ya que anteriormente solo se habían transferido ayudas no contributivas, como el Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas, desde 1987. La consejera ha subrayado que, aunque se ha dado un paso importante al asumir la gestión, no se contempla por el momento la recaudación de las cotizaciones, que seguirá siendo responsabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La transferencia de las prestaciones de desempleo forma parte de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Este acuerdo es inédito en el sentido de que es la primera vez que se asumen funciones relacionadas con las prestaciones contributivas. Desde el Gobierno Vasco han aclarado que, aunque se asume el pago desde la ventanilla vasca, se considera un régimen transitorio hasta que se negocie la gestión completa del régimen económico de la Seguridad Social. Además, se espera que una Comisión Mixta de Transferencias, programada para antes de finalizar el año, defina los detalles operativos de esta gestión.
Es importante mencionar que las ayudas gestionadas bajo este nuevo acuerdo están respaldadas por el Estatuto de Gernika. En concreto, la disposición transitoria quinta permite firmar convenios en materia de Seguridad Social, asegurando el respeto al principio de solidaridad. El Estado mantendrá la capacidad de legislar sobre las cuantías de las ayudas. Este acuerdo es un paso significativo no solo en la gestión de las políticas de empleo, sino también en la evolución del Estatuto que fue aprobado hace casi 46 años.
La consejera María Ubarretxena ha destacado que este logro representa un «gran día para Euskadi», indicando que los esfuerzos continuos en las negociaciones han permitido que las posturas finalmente converjan. “Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no solo de las políticas activas, sino también de las pasivas de empleo”, afirmó Ubarretxena. Este acuerdo se considera un avance en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que compromete al presidente Sánchez a transferir todas las competencias este año.
Con la formalización de este acuerdo, el Gobierno Vasco podrá establecer un sistema de empleo más integral, ya que desde 2011 gestiona las políticas activas dirigidas a facilitar el acceso al mercado laboral. A pesar de que el acuerdo debería haberse alcanzado antes, el partido Sumar solicitó un tiempo adicional para resolver discrepancias internas. La consejera ha reiterado que están preparados para enviar una propuesta sobre todas las materias pendientes en la primera semana de octubre, asegurando que el Gobierno Vasco está completamente comprometido con el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
El acuerdo implica que la comunidad autónoma asuma funciones que competen al Servicio Público de Empleo Estatal y al Instituto Social de la Marina, lo que incluye el traspaso de recursos materiales y humanos, así como la tramitación y pago de las ayudas. Las oficinas del Sepe en la comunidad autónoma suman un total de 30 oficinas, en las que laboran 534 personas, lo que permitirá una atención más eficiente a los beneficiarios de las prestaciones.
Este avance no solo promete mejorar la gestión de las prestaciones de desempleo, sino que también sienta un precedente para futuras negociaciones sobre otras competencias, como la de aeropuertos. La próxima reunión de la comisión que estudiará la cogestión está programada para la próxima semana. Con la consolidación de este acuerdo, se anticipa que el proceso de transferencia de otros ámbitos se acelere, lo que podría tener un impacto significativo en la comunidad autónoma.
