El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, se pronunció este viernes en el Parlamento sobre una controversia surgida en torno a la suspensión de clases en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) debido a un acto convocado por el partido Vox. En sus declaraciones, Pérez argumentó que, independientemente de la ideología de cualquier partido, no se debería utilizar la convocatoria de un evento como justificación para tomar decisiones que impacten la actividad académica de la comunidad universitaria.
Este anuncio se refiere a la decisión reciente del Rectorado de la UPV/EHU, que decidió suspender las clases presenciales tras la convocatoria de Vox para realizar un acto en el campus de Álava. El rector, Joxerramon Bengoetxea, expresó que esta decisión se basaba en la ideología del partido y consideró que su presencia el mismo día que se conmemoraba el golpe de Estado del 23-F era una «provocación». La universidad emitió varios comunicados donde manifestaba su rechazo a ideologías que socavan el modelo social europeo. Sin embargo, en ninguno de estos textos se mencionó la violencia provocada por grupos de extrema izquierda en un evento anterior, el 12 de octubre, en Vitoria.
En este contexto, Pérez, quien fue rector de la UPV/EHU entre 2004 y 2008, consideró que la decisión de suspender las clases era una prerrogativa del Rectorado. Sin embargo, subrayó que se echaba en falta una referencia a los grupos que habían causado disturbios en la concentración del 12 de octubre, enfatizando que estos actos violentos deberían haberse censurado. “Se echa en falta la mención a los grupos totalitarios que protagonizaron los incidentes”, indicó Pérez.
La controversia ha generado un intenso debate interno en la universidad, que se siente dividida. En respuesta a las críticas de Vox, que catalogó el cierre del campus como un «atropello antidemocrático» y un «secuestro» de la universidad, Pérez defendió el derecho de cualquier partido, siempre que sea legal, a llevar a cabo actos públicos. No obstante, destacó que el Rectorado tenía derecho a suspender las clases si consideraba que existía un riesgo para la seguridad de la comunidad universitaria.
El consejero también comentó que la elección del 23-F para la convocatoria de Vox no se podía descartar como un mero tema de casualidad, señalando que era un día significativo en la historia reciente de España. “No hace falta preguntarse si se trata de una casualidad o de una provocación. Elijan ustedes lo que más les convenga”, dijo desde la tribuna del Parlamento.
La decisión del Rectorado, según Pérez, se justificó por la posibilidad de actos violentos que pudieran comprometer la seguridad y bienestar de los estudiantes. Sin embargo, criticó que, en un giro dialéctico, el comunicado en cuestión que rechazaba la ideología de Vox terminaba avalando la suspensión de clases sobre la base de esa misma ideología. “La tolerancia se utilizó como justificación de la intolerancia”, concluyó Pérez.
La situación actual pone de manifiesto las tensiones entre la libertad de expresión y la seguridad en el ámbito académico. Este episodio resalta la necesidad de un diálogo más profundo sobre cómo las universidades pueden manejar situaciones similares en el futuro, asegurando que se respete tanto la libertad de los partidos políticos como la integridad de la comunidad educativa. La UPV/EHU enfrenta un desafío significativo en la búsqueda de un equilibrio entre estos dos principios fundamentales.
