La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido impugnar el tercer grado otorgado a Asier Aralluz, conocido como ‘Santi’, quien fue miembro de la organización terrorista ETA. Además, el Ministerio Público ha señalado que no ha recibido información sobre la reciente decisión del Gobierno Vasco de conceder el régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, apodado ‘Txeroki’, exlíder de la misma banda.
A través de un comunicado, el fiscal Carlos García Berro, coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha subrayado la necesidad de revisar la legalidad de la resolución del Gobierno Vasco. En ese sentido, ha propuesto que se reconsidere la clasificación de ‘Santi’ a un régimen de segundo grado. Esta revisión se fundamenta en la opinión de que la normativa permite ajustar el segundo grado, pero su efectividad debe ser evaluada en función de un uso sostenido.
La Fiscalía ha apuntado que la Administración ha tenido en cuenta ciertos aspectos favorables, como la solicitud de perdón a las víctimas y la aceptación por parte de ‘Santi’ de su implicación en los delitos por los que fue condenado. Sin embargo, el Ministerio Fiscal también ha advertido que la ley exige que se realicen observaciones prolongadas para poder constatar resultados reales de un programa de tratamiento.
García Berro ha indicado que, según la doctrina penitenciaria, el Tribunal Supremo establece que la evolución en el tratamiento de los internos debe tener consistencia temporal. Argumentó que un periodo de tres a cuatro meses no es suficiente para demostrar una evolución consolidada, lo que podría no cumplir con el criterio de prudencia que se requiere para los delitos graves.
En relación a ‘Txeroki’, la Fiscalía ha manifestado que no ha recibido información sobre la resolución que autoriza su semilibertad, a pesar de que este salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero. Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre la gestión de las salidas de miembros de organizaciones terroristas, especialmente en un contexto social sensible.
La controversia sobre el tratamiento de estos casos refleja un delicado equilibrio entre la reinserción social y la necesidad de garantizar la seguridad pública. Las decisiones del Gobierno Vasco en este ámbito generan un intenso debate en la sociedad, que se enfrenta a las huellas que dejó ETA en muchas familias y comunidades del País Vasco.
Las decisiones relacionadas con la clasificación de condenados por terrorismo son un tema recurrente en las discusiones políticas y sociales, y la implicación de la Fiscalía añade otra capa de complejidad. La vigilancia continua y la evaluación exhaustiva de los procesos de reinserción son esenciales para asegurar que se adopten decisiones justas y adecuadas, tanto para los reclusos como para las víctimas de la violencia.
De este modo, el futuro de las políticas penitenciarias en relación con los exmiembros de ETA se mantiene en el centro del debate público. Las resoluciones que se tomen tendrán un impacto significativo en la forma en que se aborda el legado del terrorismo en la sociedad vasca y en el resto del Estado.
