El Gobierno Vasco ha expresado recientemente una valoración favorable respecto al anuncio realizado por el ministro del Interior. Según fuentes consultadas, la iniciativa se considera adecuada y se alinea con las propuestas presentadas por el lehendakari Patxi López en el pleno de política general del pasado mes de septiembre. Desde ese momento, se ha insistido en la necesidad de establecer una política penitenciaria más flexible y adaptada a la nueva realidad que se vive tras el cese de la violencia por parte de ETA.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, mantuvo una conversación con el ministro por la mañana y manifestó que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a colaborar plenamente en la implementación del plan. De hecho, el PSOE ha reiterado su apoyo a las políticas antiterroristas del Gobierno, algo que también fue subrayado por la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.
En el marco de los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo de Gernika, que tuvo lugar el 20 de enero, López delegó la reacción sobre el asunto en su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este comisionado ha estado trabajando desde antes de la institucionalización de su figura, realizando gestiones con el ministerio en relación a la reinserción de los presos. Loza ha colaborado previamente en la vía Nanclares y tiene un conocimiento personal de varios de los reclusos que se están rehabilitando.
“Es un paso positivo y un avance en la buena dirección”, señaló Loza, quien también mencionó que otro aspecto crucial sería la disolución de la banda terrorista. Subrayó el contrasentido que supone que Batasuna haya acatado la legalidad para poder participar en las instituciones, mientras que impide que los presos hagan lo mismo. “Esto les cierra el camino hacia un itinerario que, en el futuro, podría mejorar su situación”, argumentó. Loza enfatizó que la clave es la “reinserción”, que deberá ser individual y ajustada a la legalidad.
Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, enfatizó en Bilbao que el plan propuesto es “constitucional”, recordando que siempre ha existido la posibilidad de que un preso se distancie de su pasado y colabore con la Justicia. También aclaró que esta política no implicará “impunidad para los presos ni la salida gratuita de los asesinos”.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aportó su visión, indicando que el plan contiene “una arista” que es la interpretación del perdón hacia las víctimas, un aspecto que merecería ser revisado, dado que implica una reflexión muy personal. “Debemos dar pasos juntos y ser conscientes de las circunstancias que afectan a todas las partes”, declaró Urkullu en una entrevista.
Desde el ámbito independentista, se han expresado críticas sobre el plan. La izquierda abertzale emitió un comunicado donde denunciaba que “una vez más, el Gobierno español del Partido Popular ignora y desprecia las exigencias de la sociedad vasca”. En el texto se pedía un cese inmediato de la política penitenciaria que afecta a los presos políticos vascos, al considerarla inhumana e injustificada.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, también expresó su descontento, calificando de “sustanciales” los avances en este nuevo plan. En declaraciones a los medios en Gernika, exigió la repatriación de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de aquellos que han cumplido tres cuartas partes de sus condenas, así como de los enfermos. Según su opinión, “una sociedad normalizada políticamente no puede mantener a 700 presos políticos”, acusando al Gobierno de estar “anclado en el inmovilismo”.
La situación política en Euskadi sigue siendo compleja y el desarrollo de este nuevo plan penitenciario podría influir en las dinámicas futuras entre el Gobierno y diferentes sectores de la sociedad vasca. Con la mirada puesta en la reinserción y la legalidad, los próximos pasos serán observados de cerca por todas las partes implicadas.
