Las instituciones públicas en el País Vasco destinan anualmente una considerable cantidad de dinero a los medios de comunicación. Esta asignación se realiza principalmente de dos maneras: a través de contratos para que los medios publiciten campañas gubernamentales, como las relacionadas con la declaración de la renta, la vacunación contra la gripe y la promoción del turismo, y mediante subvenciones a proyectos de medios que el Gobierno Vasco considera relevantes, como el congreso San Sebastián Gastronómica, organizado por El Diario Vasco.
En 2017, el Gobierno Vasco otorgó 10.991 € a ARGIA. En contraste, El Correo recibió la mayor cantidad, con 1.253.000 €, seguido de El Diario Vasco, que obtuvo 963.751 €. Estos datos se han recopilado de fuentes proporcionadas por el Gobierno Vasco, especialmente a través de la plataforma Irekia y la Contratación Pública en Euskadi. A pesar de ser información pública, la precisión puede verse comprometida por la dispersión de los contratos en diferentes registros.
En el ámbito de la distribución de fondos, el grupo Vocento-Cope fue el que más apoyo público recibió en 2017, superando los 2.300.000 €. Le siguió EITB, que obtuvo cerca de 2.000.000 €. Otros medios del grupo Noticias, como Deia, Noticias de Gipuzkoa y Onda Vasca, recibieron en total más de 1.200.000 €. En cuanto a la distribución por idiomas, los medios en español acapararon el 92% de los fondos destinados a publicidad y patrocinio en ese año, lo que representa 5.749.974 €, mientras que los medios en euskara apenas recibieron 496.819 €.
En el caso de los medios en euskara, Berria, el único periódico nacional en este idioma, recibió una parte significativa de los fondos destinados a su promoción. Sin embargo, la cifra total para medios en euskara se queda corta en comparación con la cantidad que reciben los medios en español. Por ejemplo, El Diario Vasco recibió el doble de apoyo que ARGIA, a pesar de que este último tiene una base de lectores sólida.
Un aspecto que ha suscitado debate es el impacto de estas subvenciones en la libertad de prensa. Las críticas apuntan a que el Gobierno Vasco podría estar condicionando el ecosistema mediático al favorecer desproporcionadamente a los medios en español. Se menciona que el respeto a la libertad de expresión debe ser un principio fundamental en la asignación de recursos públicos, ya que la disparidad en el apoyo podría perjudicar la diversidad informativa. La situación de ARGIA es emblemática en este contexto; a pesar de tener una audiencia significativa, recibe mucho menos que otros medios de mayor difusión en castellano.
La falta de claridad y transparencia en los criterios de asignación de fondos ha sido otro punto destacado. Según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), entre 2010 y 2017, la venta de El Diario Vasco disminuyó notablemente, pasando de 71.948 ejemplares en 2010 a 48.949 en 2017. Esta caída en las ventas contrasta con el nivel de financiación que recibe, lo que suscita interrogantes sobre la efectividad de la política de publicidad y su relación con la realidad del mercado mediático.
En las radios, por ejemplo, Cadena 100 tenía una media de 95.000 oyentes en 2017 y recibió 24.000 €, mientras que Onda Vasca, con 35.000 oyentes, fue subvencionada con 200.000 €. Esta disparidad en la asignación de subvenciones plantea dudas sobre la lógica detrás de los apoyos económicos y su relación con la audiencia real.
La promoción de una diversidad informativa es crucial, y el estado actual del reparto de publicidad muestra que hay un largo camino por recorrer en términos de transparencia y equidad. La relación entre el poder político y los medios de comunicación debe ser vigilada de cerca, ya que la libertad de prensa es un pilar fundamental en cualquier democracia. La gestión de estos recursos debe ser cuidadosa para garantizar que se respete el derecho a la información de los ciudadanos y evitar el riesgo de crear un sistema clientelista.
En resumen, la distribución de fondos públicos en el ámbito de la comunicación en Euskadi sigue siendo un tema polémico. La necesidad de una mayor transparencia y equidad en la asignación de recursos se hace cada vez más evidente si se quiere fomentar un ambiente mediático que respete y promueva la pluralidad. El Gobierno Vasco tiene la responsabilidad de revisar sus políticas para evitar que el apoyo a ciertos medios comprometa la diversidad y la calidad informativa.
