El Gobierno Vasco ha decidido incluir a Tolosa y Lezo en la lista de municipios considerados como mercados residenciales tensionados, un proceso que se formalizó la semana pasada con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Esta medida se encuentra enmarcada en lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, y se espera que la declaración se haga definitiva tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de 2026.
En el caso de Lezo, el ayuntamiento presentó una solicitud en abril para que se le reconociera como zona tensionada, lo cual fue aprobado el pasado 15 de octubre. La publicación en el BOPV tuvo lugar el 5 de noviembre, marcando el inicio de un periodo de información pública que durará 20 días. Actualmente, Lezo cuenta con una población de poco más de 6.000 habitantes, donde casi el 25% son personas mayores de 65 años. La oferta de vivienda en alquiler en la localidad es inexistente, ya que no hay ningún inmueble disponible en idealista.
Por otro lado, Tolosa solicitó su inclusión en esta categoría en julio, recibiendo la aprobación por parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana el 15 de octubre. Como en el caso anterior, su inclusión se publicó en el BOPV el 5 de noviembre, iniciándose también un periodo de alegaciones de 20 días. Según datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Tolosa tiene cerca de 20.000 habitantes, con un 20% de la población menor de 20 años y un 23% de personas de 65 años o más. La disponibilidad de viviendas en alquiler es muy limitada, con solo una opción en idealista: un piso de tres habitaciones en el centro de la ciudad, que se ofrece por 1.090 euros al mes.
La reciente inclusión de estos municipios se suma a la declaración de otros cuatro municipios vascos como zonas tensionadas, que tuvo lugar el 30 de octubre, entre los que se encuentran Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga y Usurbil. Así, el número de zonas tensionadas en el País Vasco asciende a 11, incluyendo las tres capitales. A nivel nacional, ya hay más de 300 municipios en esta situación, principalmente en Cataluña, así como en algunas localidades de Navarra y A Coruña.
La declaración de un municipio como zona tensionada conlleva la implementación de restricciones en los precios de los alquileres. En particular, los nuevos contratos para inquilinos de pequeños propietarios estarán limitados al precio del contrato anterior, con un incremento basado en el porcentaje que determine el índice de precios del INE. En caso de que la vivienda pertenezca a un gran tenedor, el precio deberá ajustarse al Índice de Referencia de Precios del MIVAU.
Además, se contempla la posibilidad de una prórroga extraordinaria para inquilinos cuyos contratos estén en vigor, permitiendo la continuidad de las condiciones iniciales por un periodo máximo de tres años. Se considera gran tenedor a quienes poseen cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial, lo que difiere del umbral de diez inmuebles establecido en otras zonas.
Para fomentar el alquiler de larga duración en estas áreas, se ofrecerán incentivos fiscales, incluyendo bonificaciones en el IRPF que varían entre el 50% y el 90%. La normativa también estipula que la actualización anual de los contratos en las zonas tensionadas deberá seguir lo establecido en la Ley de Vivienda a nivel nacional, con ajustes basados en el nuevo Índice IRAV para contratos firmados después de mayo de 2023.
Con estas medidas, el Gobierno Vasco busca abordar la creciente problemática de la vivienda en Gipuzkoa, donde la escasez de alquileres y el aumento de precios han llevado a una situación de tensión residencial que afecta a miles de ciudadanos. La inclusión de Tolosa y Lezo en esta lista es un paso más hacia la regulación de un mercado que necesita urgentemente ser revisado para garantizar el acceso a la vivienda de calidad y asequible en la región.
