El Partido Popular (PP) está buscando acercamientos con Vox en un contexto donde su futuro en varias comunidades autónomas depende de la extrema derecha. Una de las propuestas que ha captado su atención es la prohibición del uso del burka y el niqab en lugares públicos. Esta iniciativa fue aplaudida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado fin de semana, coincidiendo con la inclusión de una proposición de ley de Vox en la agenda del pleno del Congreso que tiene lugar este martes.
Sin embargo, la propuesta no será considerada, ya que Junts ha anunciado su rechazo. Este partido, que anteriormente había respaldado posturas similares, ha indicado su intención de presentar un texto alternativo. La controversia sobre el uso del burka y el niqab ha generado divisiones en la izquierda. Algunos argumentan que estas vestimentas son degradantes para las mujeres, mientras que otros creen que el debate alimenta discursos xenófobos, como se evidenció en Francia hace años.
El PSOE y Sumar han anticipado su oposición a la medida, alegando que podría contradecir dos artículos de la Constitución que prohíben la discriminación por razón de sexo y religión, y que garantizan la libertad religiosa. Aunque la proposición de Vox comienza diciendo que no es un asunto religioso, menciona más adelante “prendas islámicas”, lo que ha sido señalado por fuentes socialistas como inconsistente.
Además, Vox justifica su propuesta invocando razones de seguridad, sugiriendo que la presencia de personas completamente cubiertas podría ser peligrosa. No obstante, los socialistas consideran que, si se aplicara este razonamiento, también deberían incluirse otras prendas como pasamontañas. Desde el PSOE se ha afirmado que esta es otra medida de Vox para promover su discurso de odio.
Aunque el uso del burka y el niqab es poco común en España, Vox menciona una “circulación masiva” de personas con el rostro cubierto. La propuesta estipula multas que pueden comenzar en 600 euros y llegar hasta 30.000 euros en caso de reincidencia. También plantea reformar el Código Penal para imponer penas de hasta tres años de prisión a quienes obliguen a usar dichas prendas mediante coacción. Asimismo, pretende modificar la ley sobre derechos de los ciudadanos extranjeros para facilitar expulsiones en casos de faltas graves.
La iniciativa enfrentará dificultades, ya que Junts ha confirmado su voto en contra. En mayo, el partido había rechazado una propuesta similar en el Parlament, aunque a la vez se había mostrado favorable a tomar medidas contra el burka. Este martes, Junts se ha comprometido a presentar una alternativa y a no apoyar textos de Vox.
Otros partidos de izquierda, como ERC y EH Bildu, no han definido su posición sobre el debate de este martes, aunque las fuentes consultadas consideran improbable que apoyen la propuesta, dada la naturaleza de la misma. La extrema derecha es vista como un factor determinante en la respuesta de estos grupos. Un caso similar podría darse con el PNV, que ha expresado su discrepancia con la “tendencia xenófoba” de Vox y ha mencionado que la cuestión es objeto de debate en diversos países europeos.
Este debate podría proporcionar argumentos a la derecha para cuestionar el compromiso de la izquierda con los derechos de las mujeres, un tema que suele ser una de las principales banderas del progresismo. La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, ya ha dejado entrever esta estrategia al ironizar sobre “el feminismo que defiende el burka o el niqab”.
La discusión representa una oportunidad para que el PP busque el apoyo de Vox en la formación de gobiernos en comunidades como Extremadura y Aragón, especialmente tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Según Feijóo, es esencial que ambos partidos colaboren y sean coherentes con los resultados electorales.
A pesar de los acercamientos, la colaboración entre PP y Vox no será sencilla en cuestiones como las políticas energéticas o medioambientales, donde las posturas son opuestas. Vox ha propuesto derogaciones de leyes ambientales en un intento de ganar apoyo, pero el PP ha mantenido una posición más conciliadora, evitando entrar en confrontaciones directas con la extrema derecha.
