Desde hace al menos cinco años, el Gobierno Vasco ha mantenido un flujo constante de información sobre la concesión de grados de semilibertad a presos de ETA. Aunque ha habido numerosos casos, ninguno ha generado tanto revuelo como el de Garikoitz Aspiazu, conocido como ‘Txeroki’. La política de aceleración en la concesión de estos regímenes continuará, y se espera que uno de los siguientes beneficiarios sea Juan Ramón Carasatorre, apodado ‘Zapata’, quien fue condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez.
Carasatorre, con 61 años, no solo fue condenado por el asesinato del líder del PP en San Sebastián, sino también por su implicación en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector de Policía Enrique Nieto. Aunque su condena se extiende a 30 años, se prevé que pueda obtener un régimen de semilibertad antes de cumplir las tres cuartas partes de su pena, fijadas para marzo de 2029.
Recientemente, el departamento de Justicia ha informado a algunas de las víctimas que se planea trasladar a Carasatorre de la prisión de Martutene en Gipuzkoa a Zaballa en Álava. Este movimiento es clave para gestionar la condición de alejamiento de los familiares de Ordóñez, que le restringe el movimiento por San Sebastián. Si se materializa este traslado, Carasatorre podría salir en libertad tras haber estado en prisión durante trece años, sumando a su tiempo en reclusión en Francia desde 2001, lo que totaliza 24 años en prisión.
La hermana de Ordóñez, Consuelo, ha solicitado un encuentro con Carasatorre en prisión, como parte de una política restaurativa que fomenta el diálogo entre víctimas y victimarios, impulsada por el Gobierno Vasco. Aunque otras víctimas han recibido autorizaciones para encuentros similares, la solicitud de Ordóñez está aún en proceso de tramitación.
El impacto de las políticas penitenciarias
Desde que en 2021 el Gobierno Vasco asumió la gestión de las prisiones, ha habido un aumento notable en los procesos de concesión de terceros grados y la aplicación del artículo 100.2, que permite la flexibilización del cumplimiento de condenas. Hasta la fecha, 18 presos han sido beneficiados por este artículo, bajo la supervisión del departamento de Justicia, dirigido por María Jesús San José.
A lo largo de la administración de prisiones, se han concedido beneficios a un total de 111 internos de la banda. Sin embargo, algunos de estos casos han sido recurridos por la Fiscalía, resultando en la revocación de los beneficios y el regreso a regímenes más restrictivos. El caso más reciente es el de Asier Arzalluz, condenado por el asesinato de José Luis López de Lacalle, cuya concesión de libertad ha sido solicitada para revisión.
En las prisiones vascas, actualmente hay 119 presos de ETA, de los cuales aproximadamente el 68% se encuentra en régimen de semilibertad. Esta situación ha generado críticas de diversas asociaciones de víctimas, que cuestionan la eficacia y el sentido de las políticas penitenciarias del Gobierno Vasco.
Las críticas han surgido principalmente debido a que muchos de estos internos continúan beneficiándose de progresiones de grado sin haber demostrado un arrepentimiento genuino por sus actos. Organizaciones como Covite han señalado que la aplicación del artículo 100.2 constituye un fraude, ya que permite a los internos salir durante el día para trabajar o participar en actividades de voluntariado, regresando solo para dormir.
El Gobierno Vasco defiende que su modelo penitenciario se basa en la reinserción social y la preparación de los internos para una eventual libertad. La reforma legal que permitió sumar los años cumplidos en prisiones francesas al cómputo total ha facilitado a muchos presos acceder a grados de semilibertad antes de lo esperado. No obstante, cada solicitud es evaluada de manera individual por la Audiencia Nacional, lo que implica un proceso prolongado y exhaustivo.
En este contexto, la polémica persiste, y las decisiones del Gobierno Vasco continúan generando debate tanto en el ámbito político como en la sociedad civil, reflejando la complejidad del legado de la violencia en el País Vasco y los desafíos en la búsqueda de justicia y reconciliación.
