El Gobierno Vasco, bajo la dirección del lehendakari Imanol Pradales, ha reafirmado su postura en contra de la divulgación de la nacionalidad de los extranjeros que hayan cometido delitos o que sean detenidos por la Ertzaintza. Esta política se diferencia del tratamiento que se otorga a los ciudadanos españoles, ya que, en los comunicados oficiales sobre delitos ocurridos en el País Vasco, se hace referencia únicamente a la procedencia, utilizando términos como «origen magrebí» o «de procedencia latinoamericana». Esta regulación, que se implementó el 14 de octubre de 2025, busca evitar la estigmatización de ciertos grupos en la sociedad.
La controversia ha cobrado relevancia tras un atraco en el puente del Arenal en Bilbao, donde las autoridades informaron que el ladrón, de 22 años, era de «origen magrebí». En otro incidente relacionado con una agresión sexual, se indicó que la víctima era de origen latinoamericano y que el arrestado, un hombre de 40 años, también compartía esta procedencia. Esta normativa no diferencia entre las características de la víctima y las del infractor, lo que ha generado críticas y diversos puntos de vista sobre su aplicación.
La situación se complica aún más cuando uno de los implicados tiene nacionalidad española. En tales casos, la Ertzaintza proporciona información más detallada, como se evidenció cuando un joven de 20 años fue detenido por robo de vehículos tras ser identificado por la policía. Esta discrepancia en la comunicación ha suscitado preocupaciones sobre la equidad en el tratamiento de los delitos.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, defendió la medida, argumentando que se realiza un «favor» para minimizar la «estigmatización» que podría afectar a las aproximadamente 150.000 personas extranjeras que residen en el País Vasco. Esta decisión se tomó en un contexto de presión por parte de partidos como el PP y Vox, que han abogado por mayor transparencia en la información sobre la criminalidad.
Un reciente informe del Gobierno Vasco reveló que los extranjeros constituyen un porcentaje significativo de las detenciones en la comunidad, con un 64,2% de los arrestos correspondientes a esta población. En el último año, la Ertzaintza detuvo a 3.358 extranjeros, mientras que el número de españoles arrestados fue de 1.871, lo que plantea interrogantes sobre la percepción pública de la criminalidad en relación con la nacionalidad.
A pesar de estas cifras, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, ha decidido no incluir la nacionalidad de los detenidos en los informes oficiales en este momento. Esta decisión se basa en la necesidad de evaluar las implicaciones de tal medida, especialmente en las comunidades donde ya se ha implementado.
El futuro de esta normativa sigue en la balanza, ya que se espera observar la evolución de los casos en otras regiones como Cataluña, donde se han adoptado enfoques similares. La intención es mitigar la estigmatización que enfrentan los extranjeros sin nacionalidad española y reflexionar sobre la forma en que se comunican los datos relacionados con la seguridad pública.
El debate en torno a esta normativa continúa, con diversas voces que se pronuncian a favor y en contra de su aplicación. La forma en que el Gobierno Vasco maneje esta situación en las próximas semanas será crucial para definir el rumbo de la seguridad y la percepción social en el País Vasco.
