El Gobierno Vasco ha dado un paso significativo, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma que asumirá el pago de las prestaciones y subsidios de desempleo con recursos propios. Hasta el momento, este gasto era cubierto por la Seguridad Social y beneficiaba a 51.000 personas. La gestión de este pago se trasladará a Lanbide y a las tres haciendas forales, con un coste anual estimado de 820 millones de euros, que se deducirán del Cupo.
Este acuerdo no es un hecho aislado, sino el cumplimiento de un pacto establecido en julio durante una reunión bilateral entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales en Moncloa. A pesar de que se había acordado en verano, el cumplimiento ha llegado en un contexto político tenso, donde se pone a prueba la confianza entre el PNV y el Gobierno central.
El PNV ha presionado para la firma de este acuerdo, especialmente tras la crisis de apoyo que ha enfrentado el Gobierno, tras la salida de Junts. Aitor Esteban, presidente del PNV, expresó que la postura del partido podría cambiar si el acuerdo no se firmaba a tiempo. Aunque no mencionó explícitamente una moción de censura, sí dejó entrever que la continuidad de su apoyo podría verse comprometida.
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, también subrayó la necesidad de cerrar las cinco competencias comprometidas antes de avanzar en la comisión, enfatizando la importancia de respetar los acuerdos institucionales. Esta transferencia de competencias no solo tiene un valor simbólico, sino que también redefine el marco administrativo, ya que hasta ahora, el País Vasco solo gestionaba la parte activa del empleo, como la orientación y políticas de colocación. Con este acuerdo, Lanbide asumirá también el pago de las prestaciones.
La incorporación de 534 empleados del SEPE a la estructura autonómica marca un cambio significativo en la gestión de las prestaciones de desempleo. Este movimiento está alineado con un sistema en el que las haciendas forales adelantan los fondos, que luego se ajustan mediante el Cupo, cuya estimación para 2025 es de 1.488 millones de euros.
Además, el paquete de transferencias incluye otras cuatro competencias que el PNV había solicitado, como las prestaciones no contributivas por cuidado familiar, el seguro escolar, Salvamento Marítimo, y la cesión de un edificio vinculado a la salud laboral. Aunque algunas de estas transferencias son de menor envergadura, contribuyen a desmantelar progresivamente el ámbito de la Seguridad Social en el País Vasco.
Esta situación ha generado incomodidad en el Gobierno central, que no puede permitirse abrir una crisis con el PNV en un momento donde su base de apoyo se encuentra en una situación delicada. En este sentido, la reciente negativa del Congreso a aprobar el techo de gasto ha añadido presión a la legislatura, donde cada pleno se convierte en una negociación compleja.
Por otro lado, la relación entre el PNV y el Gobierno español ha estado basada en un delicado equilibrio, donde se pactan y ejecutan acuerdos. Si este mecanismo se ve obstaculizado, los jeltzales podrían optar por dejar de apoyar al Gobierno, lo que complicaría aún más la situación política. Este viernes se espera la firma del traspaso, lo que permitirá a ambas partes evitar una crisis pública y reordenar sus agendas.
