La Ley de Sede de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que designa a Gasteiz-Vitoria como sede del Parlamento y del Gobierno, fue firmada por el entonces presidente Carlos Garaikoetxea Urriza. Este decreto, que no menciona explícitamente el término «capital», ha generado numerosas disputas y tensiones desde su promulgación hace tres décadas. Las presiones y los desencuentros llegaron especialmente desde Bilbao, donde los poderes económicos, como la Confederación de Empresarios de Vizcaya y la Cámara de Comercio, mostraron su oposición a esta decisión.
En este contexto, el 23 de mayo se conmemorará el trigésimo aniversario de la ley con diversos eventos programados a lo largo de todo el mes. Se prevén actividades que van desde una reunión de alcaldes europeos e iberoamericanos, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, hasta celebraciones populares. Vitoria busca así un reconocimiento legal más claro de su estatus como capital institucional del País Vasco.
A pesar de los años transcurridos, aún no se ha llevado a cabo un estudio de impacto que evalúe las consecuencias de esta designación. Aunque en 2008 se acordó realizar uno, fue solo en un reciente debate que se decidió impulsar su elaboración, con el respaldo del Gobierno local y la colaboración de la UPV. Este estudio se centrará en aspectos económicos, sociológicos y de imagen de la ciudad, permitiendo así una valoración más objetiva que las meras impresiones actuales. El concejal José Navas, impulsor de la iniciativa, espera que los resultados ayuden a despejar las dudas que rodean a esta cuestión.
En la actualidad, las discusiones sobre el impacto de la capitalidad son variadas. Algunos destacan los beneficios que aporta la mención de Vitoria en medios de comunicación y la recaudación fiscal que supone la nómina de los empleados del Gobierno. Por otro lado, también se critica el aumento del costo de la vivienda y las concentraciones que se producen ante las sedes oficiales como efectos negativos de esta situación. Esta disparidad de opiniones refleja un panorama complejo en torno a la capitalidad.
La falta de consenso sobre el reconocimiento de Vitoria como capital ha llevado al actual alcalde a priorizar la identificación ciudadana con este estatus. Durante tres años, ha trabajado en esta línea, buscando que la población se sienta parte integral de la capitalidad. El debate en torno a este tema ha encontrado resistencia, como lo demuestra la intervención del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, quien, al anunciar que no asistiría a los actos del 23 de mayo, minimizó la condición de Vitoria al referirse a ella como “sede de los servicios comunes” en lugar de capital.
Las palabras de Carlos Garaikoetxea, quien firmó la ley en 1980, indican que este tipo de debates pueden reavivar sensibilidades sobre el regionalismo y el localismo. Garaikoetxea recordó que la decisión de ubicar la sede institucional en Vitoria buscaba evitar un agravio a Pamplona, capital del Reino de Navarra, y fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad vasca, un objetivo que parece haberse logrado con el tiempo.
En este sentido, el actual Gobierno Vasco considera que no es necesario incluir el término «capital» en la ley, ya que no aportaría beneficios tangibles. Sin embargo, la discusión sobre el reconocimiento oficial de Vitoria como capital sigue avanzando en el Parlamento. A pesar de que podría quedar estancada por su incomodidad en un año preelectoral, la proposición se encuentra en camino, lo que podría permitir una enmienda que incorpore la referencia a la capitalidad sin extenderse en detalles sobre sus efectos.
Así, Vitoria se enfrenta a un futuro incierto pero lleno de oportunidades, dado que la discusión sobre su estatus institucional continúa generando interés y expectativas en la comunidad. La celebración de su aniversario se presenta no solo como un homenaje a su pasado, sino como una oportunidad para reflexionar sobre su futuro en el contexto de la comunidad autónoma vasca.
