El grupo político Sumar ha instado al Gobierno Vasco a que tome medidas adecuadas en respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Tubos Reunidos. Según el parlamentario Jon Hernández, el Ejecutivo «no puede mirar hacia otro lado mientras se destruye empleo industrial» en la comunidad. Hernández ha emitido un comunicado en el que subraya que la situación planteada por el ERE no se limita a un ajuste puntual, sino que refleja un problema estructural que afecta a diversas comarcas y al tejido industrial en general.
Este asunto se abordará en el próximo pleno de control, donde Hernández planteará preguntas al Gobierno Vasco sobre cómo piensa abordar las implicaciones de este ERE, que podría resultar en despidos colectivos y una pérdida significativa de empleo en zonas que ya han sufrido anteriores cierres y procesos de desindustrialización. El parlamentario ha advertido que el Gobierno no puede limitarse a aceptar los argumentos de la empresa y debe involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones que protejan el empleo industrial.
Hernández ha enfatizado que «cuando se pone en riesgo empleo de calidad, las instituciones tienen que asumir responsabilidades», especialmente en áreas que ya han enfrentado problemas de desindustrialización. Esta problemática ha generado preocupación en varias localidades del País Vasco, donde la economía se ha visto fuertemente afectada por la reducción de la actividad industrial y la pérdida de puestos de trabajo.
Además de esta cuestión, Sumar también interpelará a la consejera María Ubarretxena en el mismo pleno sobre los cierres y fusiones de colegios públicos que ha anunciado el Gobierno Vasco en el contexto de un descenso demográfico. La formación política sostiene que, a pesar de que se prevé una caída en la matriculación de aproximadamente el 5% para el próximo curso, este escenario «no justifica una política de cierres y fusiones aplicada de forma unilateral» y sin un diálogo suficiente con la comunidad educativa y los sindicatos.
Hernández ha declarado que el descenso en la población estudiantil no debe ser utilizado como pretexto para debilitar la educación pública. Critica que tales decisiones están marcadas por un componente político que podría tener consecuencias sociales negativas. Según él, «lo razonable» sería aprovechar esta situación para mejorar las ratios de alumnado y reforzar recursos en lugar de proceder a cierres que impactan en la cohesión social y en la igualdad de oportunidades.
El debate sobre estos temas es crucial en un contexto donde la educación y el empleo son pilares fundamentales para el desarrollo social y económico del País Vasco. La respuesta del Gobierno Vasco ante estas demandas y la manera en que gestione los posibles despidos de Tubos Reunidos y los cierres de colegios serán determinantes para el bienestar de las comunidades afectadas.
La situación en la que se encuentran tanto los trabajadores de Tubos Reunidos como la comunidad educativa es un reflejo de los retos que enfrenta el tejido industrial y social de Euskadi. A medida que se avecinan los debates en el parlamento, las expectativas sobre cómo el Gobierno Vasco abordará estos temas son altas, y se espera que se tomen decisiones que prioricen la protección del empleo y la educación pública en la región.
