En estos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, navega por dos frentes en su agenda política. En uno de ellos, el visible, su Ejecutivo enfrenta una significativa derrota en el ámbito parlamentario relacionada con el decreto del escudo social y el aumento de las pensiones. En respuesta, se han puesto en marcha mecanismos para revertir esta situación antes de que se efectúen los pagos de febrero. En el otro frente, más estratégico, se acelera la transferencia de nuevas competencias hacia Cataluña y el País Vasco, lo cual es fundamental para fortalecer su frágil mayoría y obtener apoyo político hasta el final de la legislatura.
Desde el Gobierno se reconoce que la actual legislatura ya no puede sustentarse en grandes acuerdos o mayorías estables. En cambio, se plantea una serie de cesiones graduales, pactos parciales y compromisos que se irán cumpliendo a medida que avanza el calendario. El objetivo sigue siendo claro: llegar a 2027 con el bloque de investidura en pie, aunque sea de manera precaria.
La derrota sufrida el martes pasado en el Congreso no ha modificado este plan; por el contrario, lo ha reafirmado. El decreto de revalorización de pensiones recibió el rechazo de partidos como el PP, Junts y Vox, pero en Moncloa se sienten seguros de que la situación se resolverá. Nadie dentro del Ejecutivo considera que los pensionistas vayan a recibir menos dinero en febrero, ya que se prevé recuperar la norma en las próximas semanas. El debate en este momento no se centra en si habrá solución, sino en qué costo político implicará y quién lo asumirá.
Mientras se gestiona esta crisis, Sánchez también avanza en el ámbito territorial donde aún tiene margen de maniobra. Con el País Vasco, el diálogo está fluyendo. Esta semana, el presidente y el lehendakari, Imanol Pradales, discutieron en Moncloa un paquete de transferencias que incluye la gestión de aeropuertos y nuevas competencias en materia de inmigración. Se espera cerrar este acuerdo antes de la llegada de la Semana Santa. Este movimiento no es trivial; representa una señal de confianza hacia el PNV y un mensaje claro a otros socios sobre el cumplimiento de los acuerdos, a pesar de las dificultades en el Parlamento.
En lo que respecta a Cataluña, la situación es más complicada. La relación con Junts atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la legislatura. Aun así, el Gobierno está trabajando para recomponer la relación mediante hechos concretos. La regularización de aproximadamente 500.000 migrantes, acordada con Podemos, no solo busca reparar la relación con la izquierda, sino que también elimina uno de los principales obstáculos que había bloqueado la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat.
El Gobierno confía en que este proyecto se presente nuevamente en el Congreso en un futuro cercano, con algunas modificaciones menores. Se espera que esta vez cuente con el apoyo necesario. Sin embargo, es evidente que la transferencia se llevará a cabo eventualmente.
Además, se están realizando otros movimientos que apuntan en la misma dirección, como la publicación de las balanzas fiscales y el impulso del reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Estos gestos están diseñados para reconstruir una lógica de colaboración con Junts, incluso cuando sus representantes afirman públicamente que no hay posibilidades de negociación.
El contraste con el PP es intencionado. Desde el Gobierno se reconoce que la posibilidad de un acuerdo estructural con este partido se ha cerrado. Cualquier salida puntual, como un decreto exclusivo sobre pensiones, podría tener un costo político inaceptable para la mayoría progresista. Por lo tanto, la estrategia se centra en mantener activo el paquete de transferencias y emplearlo como un elemento de cohesión en una coalición cada vez más diversa.
Esta legislatura se caracteriza por una gestión defensiva, donde Sánchez no busca expandir su ambición política, sino evitar el colapso de su mandato. Las transferencias a Cataluña y al País Vasco no se presentan como un premio, sino como la moneda con la que el Ejecutivo compra tiempo, convencido de que todavía puede funcionar.
