El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que impide a las entidades financieras conceder crédito a consumidores que no lo hayan solicitado previamente ni hayan dado su consentimiento de forma expresa. La medida afecta tanto a la expedición de nuevas tarjetas de crédito como a la ampliación del límite de las ya existentes, dos prácticas que hasta ahora algunas entidades incorporaban dentro de paquetes comerciales o promociones sin que mediara petición del titular.
El texto, promovido por el Ministerio de Economía, cierra la puerta a la activación unilateral de líneas de financiación, aunque matiza que los prestamistas podrán seguir anunciando y ofreciendo créditos preautorizados siempre que su concesión efectiva dependa de la aceptación explícita del cliente. La oferta comercial, por tanto, no desaparece; lo que se elimina es la posibilidad de convertirla en producto activo sin intervención del consumidor.
Topes a las revolving y supervisión ampliada del Banco de España
El anteproyecto introduce además límites al coste del dinero en las tarjetas revolving, un producto señalado reiteradamente por los tribunales por la aplicación de intereses considerados usurarios. La norma prevé también topes a los descubiertos bancarios y nuevas obligaciones de transparencia para los emisores de crédito al consumo.
Otro de los ejes de la reforma es la ampliación del perímetro supervisor del Banco de España, que pasará a fiscalizar a todas las empresas que concedan crédito al consumo, incluidas las plataformas digitales de financiación que operan fuera del circuito bancario tradicional.
La iniciativa llega en un momento de preocupación creciente por el endeudamiento de los hogares y el uso masivo de productos de financiación rápida. En los últimos años, la litigiosidad en torno a las revolving ha generado una abundante doctrina judicial contraria a las condiciones impuestas por determinadas entidades, lo que ha reforzado la presión para que el legislador fije reglas más estrictas sobre el crédito al consumo.
