Los consejeros de vivienda de los gobiernos de Cataluña y el País Vasco han dado a conocer este martes en Barcelona un decálogo conjunto que aboga por una «política europea estructural de vivienda». Este documento, que busca reformar las inversiones en vivienda de protección oficial (VPO), pide que tales inversiones, ya sean de suelo, construcción o rehabilitación, queden exentas de las estrictas normas de gasto que limitan el aumento del déficit. Además, se solicita financiación a largo plazo y a bajo interés del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para fomentar la construcción y rehabilitación de viviendas.
La presentación de esta iniciativa, que contó con la participación de Denis Itxaso y Sílvia Paneque, ambos del Partido Socialista, se desarrolla en el marco de las consultas abiertas por el primer comisario de vivienda de la Comisión Europea, el danés Dan Jørgensen, con la vista puesta en la creación de un Plan Europeo de Vivienda para el año 2026.
Desde el Gobierno Vasco y Generaliatat, se ha destacado que esta propuesta es «inédita en el Estado Español» por su ambición y enfoque estructural, además de la colaboración entre dos administraciones líderes en políticas de vivienda. El documento se inscribe en la línea de «Mayors for Housing», una iniciativa impulsada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que agrupa a diversas ciudades europeas que demandan fondos directos para abordar uno de los problemas más acuciantes en Cataluña y su capital.
El decálogo hace hincapié en la urgencia de que las políticas de vivienda pública ocupen un lugar central en las estrategias de bienestar social. Entre otros puntos, se insta a establecer criterios comunes en la evaluación del sector, la creación de un marco flexible en materia de urbanismo y suelo, así como a priorizar la función social de la vivienda, regulando prácticas que afectan a la vida urbana. También se menciona la necesidad de combatir la despoblación en áreas rurales y de centrar las políticas en la juventud.
La consejera María Ubarretxena, anfitriona del evento, indicó que el acceso a la vivienda es un problema común en Europa, lo que justifica la búsqueda de soluciones compartidas. En sus declaraciones, subrayó que «la dificultad de acceso a la vivienda ha sido aprovechada por movimientos populistas, constituyendo uno de los principales retos sociales que enfrentamos». Por su parte, Itxaso realzó la importancia de presentar demandas al comisario de vivienda y destacó la necesidad de que las políticas sean «estructurales» y perduren más allá de los cambios de gobierno.
Ambos consejeros coincidieron en que la vivienda se ha convertido en un indicador clave de desigualdad, señalando la brecha existente entre los colectivos vulnerables y aquellos que consideran la vivienda como un activo financiero. De ahí la urgencia de que cada territorio amplíe su parque de vivienda social, así como la necesidad de «equiparar la inversión en vivienda a otros recursos estratégicos» que no estén sujetos a las estrictas normas de gasto público.
En el ámbito catalán, el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de 2024 tiene como objetivo que, en un plazo de 20 años, el 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales. Para lograrlo, el president Salvador Illa presentó el año pasado un plan que contempla la creación de 50.000 viviendas de alquiler protegido. Recientemente, también anunció un segundo plan para movilizar suelo y fomentar la construcción de hasta 210.000 nuevos pisos, de los cuales un 40% se destinaría a políticas sociales.
En Euskadi, el Pacto Social para la Vivienda establece dos metas a largo plazo: conseguir un parque público de alquiler asequible que represente el 5% de las viviendas principales para el año 2036 y consolidar una reserva permanente de VPO que alcance el 12% del parque principal, lo que equivale a 116.000 viviendas. Esta colaboración entre territorios es un paso significativo hacia la mejora del acceso a la vivienda, un desafío que requiere de un enfoque coordinado y sostenible.
