Las administraciones del País Vasco están enfrentando un grave problema relacionado con la falta de personal con habilitación nacional en los ayuntamientos. De las aproximadamente 400 plazas disponibles para estos funcionarios, solo 199, lo que representa un 30%, están ocupadas por titulares, mientras que el resto se encuentra vacante o cubierto por interinos. Esta situación ha generado un clamor entre las instituciones, que han lanzado un urgente aviso ante la escasez de secretarios, interventores y tesoreros necesarios para el buen funcionamiento de los consistorios.
La consejera María Ubarretxena ha expresado su preocupación por los «retrasos, bloqueos y anulaciones» que han afectado a los procesos de selección de estos funcionarios. Ubarretxena, al frente del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, ha calificado la situación de «inaudita». Los funcionarios de administración local son seleccionados a través de oposiciones que garantizan su idoneidad para funciones esenciales que aseguran la legalidad y control económico-financiero en las administraciones locales.
El problema se ha exacerbado por la judicialización de los concursos públicos convocados por el Gobierno Vasco, lo que ha llevado a una «parálisis y bloqueo» en la contratación de estos profesionales. Tanto el Ejecutivo autónomo como las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Eudel han denunciado esta situación. Las discrepancias sobre qué organismo debe encargarse de la selección y los requisitos de conocimiento de euskera para los candidatos son algunos de los obstáculos que han dificultado el proceso. Los aspirantes deben demostrar un nivel C2 de euskera, el más alto, lo que limita aún más el acceso a estas plazas.
Recientemente, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital) ha recurrido los procesos de selección ante los tribunales, con el apoyo del PP, lo que ha resultado en una serie de impugnaciones que han generado una considerable incertidumbre jurídica. El Gobierno de Pradales defiende que Euskadi posee un marco competencial sólido, pero lamenta que las acciones «partidistas y corporativistas» hayan ocasionado suspensiones y anulaciones de concursos que son cruciales para el funcionamiento de los ayuntamientos.
La falta de estos funcionarios ha impactado especialmente a los municipios más pequeños, que enfrentan serias dificultades para gestionar su actividad ordinaria. La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha comentado que los consistorios han tenido que realizar nombramientos provisionales y acumular tareas con personal de otros ayuntamientos. Esta situación es ejemplificada por el ayuntamiento de Iruña de Oca, que actualmente cuenta con un funcionario interino para cubrir la plaza de secretario, mientras espera un acuerdo entre las administraciones.
Para resolver la carencia de personal, algunos ayuntamientos han optado por modificar los requisitos de acceso. En Iruña de Oca, el alcalde Michel Montes ha señalado que se ha decidido reducir el nivel de euskera requerido y eliminar la fecha de obligatoriedad para facilitar la incorporación de nuevos funcionarios. Esta estrategia ha sido adoptada también en otros municipios como Labastida, donde el alcalde del PP, Daniel García, ha enfatizado la importancia de mantener el funcionamiento del ayuntamiento, a pesar de los desafíos relacionados con la selección de personal.
Desde Cosital, Josune Urrutia ha defendido que la selección de estos funcionarios no debería ser descentralizada, sugiriendo que las corporaciones locales deben decidir sobre el nivel de euskera requerido en función de sus necesidades. Según Urrutia, el uso del euskera como mérito en lugar de requisito de acceso permitiría una mayor flexibilidad en los concursos.
Las instituciones vascas están colaborando para abordar esta problemática. El 27 de enero, se publicaron en el Boletín Oficial del País Vasco nombramientos de funcionarios derivados de un proceso de estabilización, y se prevé que se publiquen bases para crear bolsas temporales que faciliten la cobertura de vacantes de forma más ágil. El Gobierno Vasco también ha anunciado que los exámenes para este personal podrían llevarse a cabo antes del verano. Además, se planifica la elaboración de un nuevo decreto que clarifique y refuerce las responsabilidades de las instituciones en la gestión de estos funcionarios, buscando establecer un sistema más estable y adaptado a la realidad del País Vasco.
