La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha manifestado su desacuerdo con la política que ha implementado el Gobierno Vasco en relación a la concesión de terceros grados a los presos de ETA. Este lunes, el Ministerio Público presentó un recurso contra la decisión tomada la semana pasada que permitía a Asier Arzalluz ‘Santi’ avanzar a este régimen, argumentando que no ha trascurrido el tiempo suficiente para evaluar su evolución y si esta cumple con los criterios necesarios para delitos de tan grave naturaleza. Como consecuencia de esta decisión, Arzalluz regresará a la prisión de Martutene.
Además, la Fiscalía ha expresado su preocupación por no haber sido informada acerca del régimen de semilibertad concedido a Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’. Desde el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco se ha señalado que se notificó al juzgado de Vigilancia Penitenciaria el pasado 9 de febrero, tres días después de la salida de Aspiazu de la cárcel, y que es este juzgado el que debe poner en conocimiento a la Fiscalía.
Ambos casos han generado un gran malestar entre las víctimas de ETA y han reavivado el debate sobre las distintas modalidades que el Gobierno Vasco está considerando para facilitar la flexibilización de las condenas. Existen dos vías principales: el tercer grado y el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. En ambos casos, los reclusos tienen la opción de salir durante el día para trabajar o realizar voluntariado, regresando a prisión por la noche. Sin embargo, con el tercer grado la Fiscalía puede recurrir la decisión, mientras que con el artículo 100.2 solo puede remitir un informe al juzgado, que tiene la autoridad final sobre la concesión.
Desde que Euskadi asumió la gestión de Prisiones, se han concedido cerca de un centenar de progresiones al tercer grado. Aunque la mayoría de estas decisiones han sido avaladas por la Justicia, no todas lo han sido. En el caso de Arzalluz, la Fiscalía argumenta que, si bien se reconocen aspectos positivos como la solicitud de perdón a las víctimas, sigue siendo prematuro otorgar este privilegio. Los informes apuntan a que la evolución de un preso debe evaluarse durante un período prolongado para asegurar que sea robusta y genuina.
El coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía, Carlos García Berro, ha subrayado que la ley permite la adaptación del segundo grado, pero que su aplicación requiere tiempo para asegurar la efectividad de los tratamientos propuestos. El Tribunal Supremo ha insistido en que la evolución del comportamiento del recluso debe ser consistente y reflejar un proceso consolidado, no un cambio superficial.
Un caso análogo al de Arzalluz es el de Juan Carlos Iglesias Chouzas ‘Gadafi’, que también se vio afectado por una decisión similar en octubre. A pesar de que se reconoció su evolución positiva en el tratamiento penitenciario, la Fiscalía determinó que no se podían ignorar los fines del proceso penal, dado la gravedad de sus crímenes, que suman más de 1.123 años en total.
La situación de ‘Txeroki’, quien se encuentra en semilibertad desde el 6 de febrero, ha añadido más complejidad al debate. La Fiscalía ha señalado que no ha recibido la documentación pertinente sobre su caso. Por su parte, el Gobierno Vasco ha indicado que toda la información fue remitida al juzgado de Vigilancia Penitenciaria el 9 de febrero, sin embargo, no saben por qué este no ha informado a la Fiscalía.
Una vez que la Fiscalía tenga acceso a la resolución oficial, podrá emitir un informe, aunque sin capacidad de recurso. Esto dependerá del criterio que el juez de Vigilancia Penitenciaria adopte sobre el caso, lo que resalta la importancia del papel que este órgano desempeña en la supervisión de las condiciones de los reclusos.
