La Fiscalía ha decidido impugnar la otorgación del tercer grado al etarra Asier Arzalluz Goñi, quien fue condenado por el asesinato de José Luis López de Lacalle. Esta decisión se toma en el contexto del proceso de semilibertad que recibió Arzalluz, y paraliza su situación hasta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional se pronuncie al respecto.
Arzalluz, que fue condenado a 30 años de prisión a finales de 2024 por su implicación en la muerte de López de Lacalle en el año 2000, había recientemente mostrado un cambio en su postura al redactar una carta en la que expresa sus reflexiones sobre sus crímenes. Este cambio fue uno de los motivos que llevó al Gobierno Vasco a considerar su pase a semilibertad.
No obstante, la Fiscalía considera que este cambio es prematuro y no se sostiene en el tiempo. Aunque reconocen que ha hecho un intento de reparación hacia sus víctimas, argumentan que se requiere una evolución más prolongada para justificar una medida tan significativa como la semilibertad. Según el fiscal Carlos García Berro, «se requieren periodos prolongados de tiempo para constatar resultados reales».
En el transcurso de poco más de un año desde su condena, Arzalluz no había mostrado arrepentimiento por sus actos, tal como se detalla en la sentencia que le impuso la pena. Sin embargo, la reciente carta ha generado un debate sobre la posibilidad de su reintegración en la sociedad, un tema que siempre suscita controversia dada la gravedad de sus crímenes y la memoria de las víctimas del terrorismo.
La decisión acerca del tercer grado de Arzalluz se encuentra ahora en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que deberá evaluar todos los aspectos del caso para determinar el futuro del preso. La Fiscalía espera que el tribunal considere la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que los cambios en la conducta de los reclusos deben ser evaluados a lo largo del tiempo y no basarse en cambios recientes.
Este caso refleja no solo la complejidad del sistema penitenciario español, sino también el delicado equilibrio que debe mantener la justicia en temas de reinserción social y la necesidad de proteger los derechos de las víctimas. La situación de Arzalluz servirá como un nuevo capítulo en la larga lucha por la memoria y la justicia en el contexto del terrorismo en España.
Noticia en actualización. Se están recopilando más detalles sobre el desarrollo de este caso y su posible impacto en la opinión pública y en la política del Gobierno Vasco. El seguimiento de esta situación es crucial, dado el interés que genera en la sociedad y en el ámbito judicial.
