La concesión de la semilibertad a Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto y exjefa de ETA, ha generado una fuerte controversia en el ámbito judicial y social. Este hecho fue criticado de manera contundente por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno Vasco, específicamente por parte de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.
La decisión, que se conoció hace apenas dos semanas, ha causado una gran indignación entre las víctimas del terrorismo. Iparraguirre está siendo investigada por su implicación en un atentado ocurrido en 2002 y ha sido condenada en varias ocasiones, acumulando décadas de prisión. Tras su detención en 2004, pasó 16 años en cárceles francesas, y en España ha estado tras las rejas solo durante seis años.
A pesar de su situación, el Gobierno Vasco le otorgó la semilibertad utilizando el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un procedimiento que permite la concesión automática de este beneficio sin la revisión previa de un juez o la posibilidad de apelación por parte de la Fiscalía. Como resultado, Iparraguirre se encuentra en la calle desde finales de marzo, aunque su entorno ha confirmado que estará trabajando fuera de prisión.
La Fiscalía, a petición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, debe emitir un informe sobre esta decisión, aunque no tiene carácter vinculante. En este dictamen, el fiscal Carlos García Berro expresó su rechazo a la aplicación del artículo 100.2 en este caso, argumentando que la concesión de la semilibertad se realizó sin un examen judicial adecuado.
García Berro enfatizó que esta decisión puede considerarse una «conversión encubierta» del mencionado artículo en un régimen de tercer grado, que es más indulgente. En este sentido, criticó que el uso de esta norma ha permitido a Iparraguirre disfrutar de salidas diarias, lo que contraviene el propósito original del artículo, que debería ser un mecanismo excepcional y no un acceso anticipado a un régimen de mayor libertad.
El fiscal también destacó la «extrema notoriedad» de Iparraguirre, subrayando la gravedad de sus crímenes. La Fiscalía argumenta que, dado su perfil, la concesión de una medida como esta debería ir acompañada de una justificación robusta y un análisis del impacto social y sobre las víctimas. Sin embargo, la realidad es que Iparraguirre aún no ha cumplido tres cuartas partes de su condena, un requisito que le permitiría optar al tercer grado penitenciario.
Desde su detención, solo ha disfrutado de un permiso de dos días fuera de prisión, el cual fue concedido sin revisión judicial. La Fiscalía subraya que no ha habido una experiencia progresiva que justifique su salida. El debate sobre este tipo de concesiones pone de relieve las tensiones entre el enfoque del sistema penitenciario y las expectativas de justicia por parte de las víctimas del terrorismo.
Este caso se suma a la creciente preocupación sobre la política penitenciaria en relación con los miembros de ETA, especialmente en un contexto donde la memoria de los atentados sigue viva en la sociedad vasca. Las decisiones sobre la libertad condicional de estas personas tienen profundas implicaciones sociales y políticas. La controversia en torno a la figura de Anboto podría reavivar el debate sobre cómo se gestionan las penas de aquellos que han causado tanto sufrimiento y dolor a las familias de las víctimas.
La situación de Iparraguirre plantea preguntas sobre la ética y la justicia en el marco de las leyes penitenciarias. A medida que se desarrolla este caso, las reacciones de la sociedad vasca y del propio sistema judicial serán clave para entender cómo se abordarán futuras concesiones similares y qué medidas se implementarán para equilibrar la justicia con la reintegración social.
