El Gobierno Vasco ha tomado medidas importantes en el ámbito de la seguridad privada en Euskadi. En una reciente sesión del Consejo de Gobierno, se aprobó un nuevo decreto que establece un marco regulatorio para las empresas de este sector. Este decreto busca adaptarse a la normativa vigente desde mayo de 2014 y otorga al viceconsejero de Seguridad la responsabilidad de planificar y coordinar la seguridad de diversas entidades, así como la integración de los servicios de seguridad privada con la Ertzaintza.
Este avance es significativo porque permite a la policía vasca ejercer un control más efectivo sobre las actividades de seguridad privada en la comunidad. El decreto incluye la creación de un registro que abarcará a todas las empresas de seguridad, así como las delegaciones, despachos de detectives y centros de formación de personal. Esto no solo facilitará una mejor supervisión, sino que también permitirá un intercambio de información que identifique y valore adecuadamente los riesgos asociados a este tipo de actividades.
La implementación de este decreto se enmarca en un contexto donde la seguridad pública es una preocupación constante. La colaboración entre la Ertzaintza y el sector privado se formalizará a través de mecanismos específicos que favorecerán una mayor coordinación en la Comisión Mixta de Seguridad Privada de Euskadi, un organismo que se ha establecido esta legislatura. La creación de este registro es un paso hacia la modernización y mejora de la seguridad en la comunidad autónoma.
Es importante señalar que el control de la seguridad privada no solo se limita a las empresas de vigilancia, sino que también incluye los servicios de alarmas y formación para el personal del sector. Esta regulación permitirá que los ciudadanos en Euskadi se sientan más seguros, al poder confiar en que las empresas que operan en este ámbito cumplen con las normativas establecidas por el Gobierno Vasco.
Además, el consejo ha enfatizado la necesidad de que todos los actores involucrados en el ámbito de la seguridad trabajen de manera conjunta. La medida busca no solo proteger a las personas y bienes, sino también garantizar una respuesta coordinada ante posibles incidentes. Este enfoque integral podría establecer un estándar en la gestión de la seguridad privada en el resto del país.
El compromiso del Gobierno Vasco en esta materia refleja una preocupación por la seguridad de la ciudadanía y un deseo de adaptarse a las nuevas realidades del sector. Las empresas tendrán ahora la responsabilidad de registrarse y cumplir con los requisitos que se establezcan, lo que también podría implicar una revisión de sus prácticas operativas.
Por último, este decreto se presenta como un avance hacia una seguridad más estructurada y eficiente en Euskadi, ofreciendo un marco claro para la colaboración entre la seguridad pública y privada. La implementación de estos cambios impactará directamente en la percepción de seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo así la confianza en las instituciones responsables de su protección. La seguridad es un pilar fundamental para la convivencia y el desarrollo social, y la regulación aprobada representa un paso importante en esa dirección.
