La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha presentado un informe que revela una disminución significativa en los presupuestos destinados a la ayuda humanitaria para el año 2026, mientras que los fondos para la industria militar y de defensa han aumentado. Este análisis se enmarca en un contexto en el que ha transcurrido un par de años desde la aprobación de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad en 2024, y ha sido comunicado en medio de un llamamiento a la paz, donde se repite un contundente «No a la guerra». La coordinadora ha criticado la «dejadez» del Gobierno Vasco en relación a la citada legislación.
La ley aprobada en 2024 ha sufrido modificaciones relevantes, tal como lo ha señalado Sonia González Martín, vicepresidenta de la coordinadora. En diciembre pasado, se realizó una enmienda que permite al sector público vasco colaborar financieramente con empresas que se dediquen a la producción, comercialización o financiación de armamento, siempre que se ajuste a la Estrategia Europea de Seguridad. Esta enmienda se encuadra en un intento del Ejecutivo por «salvar 325 millones de euros en inversiones de posible uso militar«, aunque ha generado preocupaciones en el ámbito de la cooperación.
A pesar de que Euskadi ha mantenido su papel como «dique de contención» ante las tendencias autoritarias que surgen en distintas partes del mundo, la coordinadora ha expresado su inquietud por el aumento de recortes que se están manifiestando en diversas instituciones. Este fenómeno se ha visto acentuado desde la desactivación de la USAID en 2025, lo que ha llevado a una expansión de recortes en el ámbito de la ayuda humanitaria en Europa, algo que también se refleja en el ámbito vasco.
Conforme a la XXV Asamblea General de Naciones Unidas, se acordó en 1970 destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto (PNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo. La Coordinadora de ONGD de Euskadi se ha propuesto trabajar en conjunto con las instituciones para alcanzar este objetivo en los presupuestos de 2027. Para lograrlo, han solicitado «acuerdos amplios, compromisos claros y una apuesta firme por la cooperación y la solidaridad» de las diferentes fuerzas políticas, según lo indicó Susana Piera Moreno, tesorera de la Coordinadora y técnica de Mugarik Gabe.
A pesar de los esfuerzos, los datos actuales revelan que el camino hacia el objetivo del 0,7% aún es largo. El informe presentado para 2026 sitúa la cifra de presupuestos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo en un 0,35% de media entre las diversas administraciones públicas vascas, lo que representa una disminución de 0,02 puntos en comparación con el 0,37% de 2025. Esta caída es atribuida en gran parte al recorte del Ejecutivo vasco, que ha reducido su contribución en 0,04 puntos, pasando de 0,35 a 0,31, lo que se traduce en un recorte de 2,5 millones de euros.
En contraste, otras administraciones públicas en la región han incrementado sus presupuestos. La Diputación Foral de Araba y la de Gipuzkoa han elevado sus aportaciones en 0,15 y 0,02 puntos, respectivamente. Asimismo, los ayuntamientos de Donostia y Vitoria-Gasteiz han incrementado sus contribuciones en 0,08 y 0,03 puntos. Por el contrario, el ayuntamiento de Bilbao ha mantenido su nivel de aportación sin cambios. Gracias a estos aumentos, el presupuesto total ha crecido en 3,3 millones de euros.
La Coordinadora vasca está compuesta por 83 ONGD que cuentan con una base social de 117.586 personas, incluyendo socias, voluntarias, donantes y personal técnico, con un crecimiento leve en su base social. Estas organizaciones están implicadas en 909 proyectos de cooperación internacional en 69 países, abarcando áreas fundamentales como salud, nutrición, educación, provisión de agua, saneamiento, higiene, protección infantil, empoderamiento de mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, así como la defensa de los derechos humanos.
