La reciente adquisición del 30% de Talgo por parte de Sidenor se ha presentado como una de las operaciones más significativas en el ámbito empresarial de Euskadi en los últimos años. Este respaldo por parte del Gobierno Vasco hacia el empresario local José Antonio Jainaga ha sido visto como un hito, dado el apoyo recibido de importantes entidades bancarias de la región.
No obstante, en días recientes han surgido informaciones que sugieren la posibilidad de que la operación no esté tan asegurada como se pensaba. Aquellos que inicialmente mostraron entusiasmo por el acuerdo, que se anunció con un «principio de acuerdo», han comenzado a adoptar un tono más reservado. Este silencio, en ciertos círculos, se interpreta como un posible mal augurio.
Aunque algunos rumores pueden ser considerados como filtraciones interesadas, es evidente que el acuerdo político y empresarial enfrenta obstáculos. Uno de los principales problemas es la notable multa impuesta a Talgo por parte de Renfe, que supera los cien millones de euros. Este tema se presenta como un gran desafío para que se confirme la operativa que muchos consideraban inminente.
Además, el valor de las acciones de Talgo ha disminuido considerablemente; el 30% en cuestión ahora podría costar hasta 70 millones de euros menos que el precio originalmente pactado. Esta situación plantea la pregunta de por qué se debería pagar cinco euros por acción cuando actualmente su valor es de tres.
La financiación de la operación también se ha identificado como un aspecto complicado. Para que esta compra se llevara a cabo, se requería el respaldo tanto del Ejecutivo como de las cajas de ahorro, a lo que se sumaba la promesa de que el Gobierno central contribuiría a través de la Sepi.
Los promotores de esta alianza público-privada habían hecho afirmaciones optimistas sobre los tiempos de la transacción. Tanto el lehendakari Imanol Pradales como el consejero de Industria, Mikel Jauregi, habían anticipado que el acuerdo se alcanzaría en un plazo relativamente corto, mencionado «tres semanas» a mediados de febrero y esperando una resolución «pronto» a principios de marzo.
Sin embargo, a finales de abril, el acuerdo aún no se había concretado. El 15 de mayo se cumple el plazo que las partes se habían fijado inicialmente para cerrar la operación. No obstante, los plazos son siempre influenciados por la voluntad política, algo que tanto Moncloa como Ajuria Enea comparten en su deseo de llevar a cabo esta transacción.
En el ámbito empresarial, la incertidumbre sobre el acuerdo es un tema recurrente. La mayoría de los actores del mercado creen que finalmente habrá un acuerdo, aunque algunos son más escépticos y prevén que la situación podría no resolverse de manera favorable. La posibilidad de que esta gran operación se convierta en un fracaso evidente es considerada un «fracaso tremendo» por diversos expertos del sector.
