La consejera María Ubarretxena ha defendido la decisión del Gobierno Vasco en relación con los permisos de salida para algunos presos de ETA. En particular, se ha generado controversia por las salidas laborales de Garikoitz Aspiazu, conocido como «Txeroki», y Soledad Iparraguirre, apodada «Anboto», quienes han estado encarcelados durante más de 18 y 22 años, respectivamente. Esta medida, adoptada por el Departamento de Justicia, ha suscitado un amplio debate social y político en la comunidad vasca.
En la actualidad, hay 118 presos etarras en las cárceles del País Vasco, una cifra notablemente inferior a los casi 800 que se contabilizaban tras la finalización del terrorismo en 2011. De este total, 49 se encuentran en segundo grado, 48 en tercero y 18 bajo la normativa del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que se aplica también a Aspiazu e Iparraguirre. Esta situación ha cambiado desde la disolución de ETA en 2018, cuando muchos de sus reclusos comenzaron a acoger medidas de reinserción, mostrando una evolución en su conducta.
La Copa del Rey ha sido un evento que ha atraído la atención de la comunidad, pero la noticia de estos permisos de salida ha eclipsado otros temas en la agenda pública. La consejera ha subrayado que tanto Aspiazu como Iparraguirre han cumplido más de la mitad de sus condenas, lo cual es un requisito legal para optar por estos permisos. Según Ubarretxena, estas salidas son parte de un plan individualizado de reinserción que busca facilitar la reintegración de los presos en la sociedad.
A pesar de las justificaciones legales, la medida ha sido criticada por diversos sectores. Los opositores argumentan que la decisión concede privilegios indebidos a quienes han causado un daño significativo a las víctimas del terrorismo. Ubarretxena ha respondido a estas acusaciones señalando que el proceso está supervisado por un equipo técnico compuesto por funcionarios de prisiones, y que la decisión final recae en el Gobierno Vasco, bajo un estricto control judicial.
El papel del Departamento de Justicia en la toma de decisiones sobre la situación de los presos está claramente definido: primero, el equipo técnico evalúa la evolución del preso y presenta un informe a la Junta de Tratamiento de la prisión, que se reúne cada seis meses. Esta Junta, a su vez, eleva sus recomendaciones al Departamento, que es el encargado de determinar si se aplican cambios en el grado de los presos o se les otorgan permisos de salida.
La consejera ha enfatizado que el objetivo de la norma penitenciaria es la reinserción y que los presos deben demostrar un abandono claro de su actividad terrorista y asumir la responsabilidad de los daños causados. «Ambos están cumpliendo los requisitos establecidos para su reintegración», ha afirmado. Ubarretxena ha indicado que el enfoque del Gobierno Vasco es garantizar que los reclusos que salgan de prisión lo hagan con una nueva perspectiva sobre su vida y el daño que han infligido.
En respuesta a las críticas, la consejera ha reiterado que el proceso de reinserción es complejo y que cada caso se analiza de manera individual. La decisión de permitir la salida de «Txeroki» y «Anboto» se fundamenta en su evolución y la aceptación de la legalidad penitenciaria. A pesar de que sus salidas laborales generan rechazo, Ubarretxena ha defendido que esta medida es una parte esencial de su proceso de cambio.
La controversia también ha suscitado un debate sobre la sinceridad del arrepentimiento de estos ex miembros de ETA. Algunos consideran que su reconocimiento del daño causado no es genuino. No obstante, la consejera ha aclarado que, aunque las declaraciones públicas de arrepentimiento son deseables, no son un requisito legal para la reinserción. «Lo que valoramos es la trayectoria de los presos», ha subrayado, insistiendo en que quienes han obtenido permisos lo han hecho por un cambio real en su comportamiento.
La discusión sobre este tema no parece tener un final inminente, dado el fuerte impacto emocional que la violencia terrorista ha tenido en la sociedad vasca. Con un entorno aún marcado por el dolor y la memoria de las víctimas, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la reinserción y la justicia para quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo. El proceso de reintegración de los presos de ETA sigue siendo un tema delicado que exige un tratamiento cuidadoso y un compromiso con la verdad y el respeto por las víctimas.
