La exmiembro de ETA, Soledad Iparragirre Anboto, quien ha sido condenada a un total de casi 800 años de cárcel por su implicación en 14 asesinatos, podría salir de prisión esta semana. Esta esperanza surge tras recibir el régimen de semilibertad por parte del Gobierno Vasco. Iparragirre fue quien ofreció la voz femenina durante la disolución de la banda terrorista en 2018.
Esta decisión ha despertado una fuerte crítica por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y de la asociación Dignidad y Justicia, que han calificado el permiso de “inaceptable” y “escandaloso”. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, ha manifestado su rechazo a este permiso, argumentando que se trata de una situación “especialmente grave”. Ordóñez sostiene que el permiso para Iparragirre es un reflejo de un pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Bildu, que favorecería la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.
La exdirigente etarra se encuentra actualmente en la cárcel de Martutene, en San Sebastián, y su semilibertad se ha concedido bajo el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a los reclusos salir durante el día para trabajar y regresar a la cárcel por las noches. Esta figura se otorga a internos cuyos penales están muy avanzados. Aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe elaborar un informe que no es vinculante, la decisión final recae en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Cabe recordar que este mismo permiso fue concedido a otro conocido etarra, Garikoitz Aspiazu Txeroki, quien disfruta de esta medida desde el 9 de febrero.
Iparragirre podría comenzar a disfrutar de su semilibertad a partir del lunes siguiente, aunque el departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no ha podido confirmar la fecha exacta. La exjefa de ETA fue detenida en 2004 en Francia, donde dirigía el aparato de extorsión de la organización. En 2019, fue extraditada a España para responder ante la justicia por su participación en varios atentados.
Ordóñez ha enfatizado que es “escandaloso” que se le conceda semilibertad a una de las líderes históricas de ETA, quien ha cumplido un tiempo insuficiente en prisión. “Estamos hablando de una persona condenada a 793 años y ocho meses, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista”, ha expresado Ordóñez. Desde Covite, se sostiene que la aplicación del artículo 100.2 se ha utilizado de manera excepcional para facilitar la salida de Iparragirre antes de haber cumplido las tres cuartas partes de su condena.
Además, la presidenta de Covite ha subrayado que no se puede exigir a las víctimas que acepten un arrepentimiento que no se traduce en actos concretos. Ordóñez considera que la política penitenciaria del Gobierno Vasco está orientada a acelerar la liberación de los presos de ETA sin que estos asuman el daño causado. “Estamos ante la culminación de la última exigencia de ETA: vaciar las cárceles”, ha agregado.
Por otro lado, el etarra Mikel Ayensa, perteneciente al comando Ekaitza y condenado por varios crímenes, ha obtenido libertad condicional tras 24 años en prisión. Este permiso ha sido concedido por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, y se basa en el cumplimiento avanzado de su condena y su evolución positiva en programas de tratamiento. Antes de tomar esta decisión, se consultó a las víctimas, quienes no se opusieron a la medida. Este caso resalta la complejidad del sistema penitenciario y las decisiones que se toman en torno a los reclusos, especialmente aquellos con antecedentes de terrorismo.
La controversia generada por la posible salida de Iparragirre y las recientes decisiones sobre otros presos etarras pone de relieve las tensiones persistentes en torno a la memoria y la justicia en el contexto del terrorismo en España. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la política penitenciaria y su impacto en las víctimas del terrorismo, así como la relación entre el Gobierno Vasco y las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas.
