Esta semana se ha hecho pública la imputación de Iñaki Bernardo, el director de Comunicación del Gobierno Vasco, acusado de estar detrás de una supuesta ‘financiación irregular’ relacionada con el Grupo de Noticias, un medio que tiene afinidad con el PNV. Esta situación se ha derivado de una querella interpuesta por UPyD y ha llevado a un juzgado de Vitoria a citar a Bernardo para que declare como imputado.
Según informa el diario El País, la imputación guarda relación con la presunta compra de noticias por parte del Gobierno Vasco a favor de este grupo de comunicación. Esta denuncia fue presentada por UPyD bajo la premisa de que se trataba de una ‘trama’ destinada a favorecer una imagen positiva de la gestión del gabinete que dirige el lehendakari Íñigo Urkullu. La cifra que se maneja en torno a esta presunta irregularidad podría alcanzar los 233.460 euros, según las declaraciones de Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD, quien tiene programada una rueda de prensa para este miércoles.
Gorka Maneiro había presentado la denuncia en el verano de 2014, en la que se incluían acusaciones de prevaricación, malversación de fondos públicos y el hecho de ‘pagar’ por insertar noticias en medios favorables al PNV, como ha manifestado el partido en varias ocasiones. Maneiro había descrito esta lucha como un ‘David contra Goliat’ y se había comprometido a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, y parece que la justicia ha comenzado a responder a sus esfuerzos.
En julio de 2014, el lehendakari Urkullu reconoció errores en la contratación de publicidad, aunque negó que hubiera un ‘uso indebido’ de fondos públicos o un trato preferencial hacia un medio de comunicación específico. Todos los grupos de la oposición coincidieron en que el Gobierno había vulnerado la ley de Publicidad y Comunicación, y procedieron a consensuar una enmienda que fue aprobada con los únicos votos en contra del PNV. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Vitoria, que aún no ha comenzado la investigación del caso, ha convocado a Iñaki Bernardo para el 1 de febrero de 2016 en calidad de querellado.
La situación pone de manifiesto un asunto muy delicado sobre la relación entre el Gobierno Vasco y los medios de comunicación, especialmente en un contexto donde la transparencia y la ética en la gestión pública son fundamentales. La relevancia de esta imputación y los posibles efectos que tendrá sobre la política vasca son cuestiones que seguirán en el foco de atención en los próximos días, a medida que se desarrollen los acontecimientos en torno a este caso.
Seguiremos informando sobre este asunto en el marco de la evolución del caso y su impacto en la opinión pública, así como en la dinámica política del País Vasco.
