El Gobierno Vasco y el Ejecutivo central han acordado, en el último momento, la transferencia a Euskadi de cinco nuevas competencias, destacando entre ellas las prestaciones de desempleo. Este acuerdo se ha alcanzado justo un día antes de la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias, que había estado en el aire debido a diferencias entre ambos gobiernos, lo que ha generado tensiones políticas entre el PNV y el PSE.
El pacto que ha permitido desbloquear la situación se concretó esta mañana tras varias negociaciones entre el lehendakari Imanol Pradales y altos funcionarios de su gabinete con miembros del Gobierno central, incluido el presidente Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo, consejera María Ubarretxena, confirmó este hecho en Vitoria, señalando que a las 10:30 horas de este viernes, la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá en Madrid para formalizar el traspaso de competencias relacionadas con las prestaciones de desempleo, además de otras materias como el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, en Bizkaia.
Ubarretxena ha indicado que uno de los principales puntos de fricción entre las haciendas de ambos gobiernos ha sido la financiación de estas cinco áreas, que se canalizarán a través del Cupo establecido en el Concierto Económico. Aunque no se han ofrecido muchos detalles sobre las discrepancias, la consejera ha prometido que se abordarán en la reunión del viernes una vez se hayan formalizado los traspasos. A pesar de que el acuerdo está en marcha, ha enfatizado que, hasta el momento, no hay nada firmado.
Asimismo, ha subrayado que se respetará el acuerdo alcanzado en julio en la comisión de cooperación entre los dos gobiernos, algo que el Gobierno Vasco había reclamado reiteradamente en las últimas semanas. La tensión había aumentado hasta este punto, ya que el Ejecutivo vasco consideraba que el Gobierno central no estaba cumpliendo con los compromisos en materia de financiación y en lo que se refiere a algunos traspasos vinculados a la Seguridad Social.
Las discrepancias previas llevaron a la necesidad de posponer la Comisión Mixta, que estaba programada para el 29 de diciembre, a este viernes, con el fin de permitir un acuerdo. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo vasco ha intensificado sus críticas hacia el Gobierno central, pidiendo incluso a Sánchez que estableciera un orden, acusando a ciertos secretarios de Estado de obstaculizar el proceso.
Relaciones entre PNV y PSE
Las diferencias también han tenido eco en el ámbito político, generando intercambios de declaraciones entre el PNV y el PSE, quienes son socios en el Gobierno Vasco de coalición. Aitor Esteban, presidente del PNV, advirtió que si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumplía con lo acordado en materia de transferencias, “las relaciones” entre ambos partidos “evidentemente van a cambiar”.
La respuesta del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, llegó antes de que se conociera el acuerdo, subrayando que, si el PNV adoptaba esa postura, “la confianza se quebraría» y ello daría lugar a un nuevo escenario político en España y Euskadi. A raíz del anuncio del acuerdo, se prevé que el tono de estas declaraciones se suavice. Ubarretxena ha agradecido a sus socios socialistas el apoyo brindado en favor de la «casa vasca», aunque ha instado al Gobierno a abordar con seriedad las negociaciones sobre las competencias restantes aún no transferidas.
Entre las transferencias que se formalizan este viernes, la más significativa es la gestión de las prestaciones de desempleo, que se estima que representarán una administración de alrededor de 822 millones de euros anuales para el Gobierno vasco. Esta transferencia incluirá el traspaso de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y 534 trabajadores, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa sobre estas materias.
Además de las cinco áreas que se formalizarán este viernes, ambos gobiernos están trabajando en otras quincena de materias, entre las que destaca la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un tema polémico y complicado. También están en discusión la gestión de los aeropuertos vascos y de los puertos de Bilbao y Pasaia, lo que sugiere que aún queda camino por recorrer en el proceso de transferencia de competencias.
