El Gobierno Vasco y el Ministerio de Universidades han llegado a un “principio de acuerdo” que busca desbloquear las negociaciones sobre un decreto que endurecerá los requisitos para la creación de nuevas universidades en España. Esta resolución se logró tras una reunión entre el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, y el Secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, donde se discutieron las modificaciones necesarias para frenar la proliferación de universidades privadas de calidad cuestionable.
El planteamiento del Ministerio incluye la aceptación del sistema de sellos de calidad propuesto por Lakua, que se utilizará para evaluar la excelencia de las instituciones educativas. Este sistema permitirá que las agencias de calidad, como Unibasque en Euskadi, emitan certificados basados en estándares específicos relacionados con la docencia, el profesorado, los equipamientos y la investigación, entre otros aspectos.
Sin embargo, el Ministerio ha dejado claro que la introducción de estos sellos no interferirá en el informe vinculante que las agencias de calidad deberán emitir tras la implementación del decreto. Este matiz ha causado fricciones, ya que perpetúa la competencia de autorizar la creación de universidades en manos de agencias técnicas, en lugar de ser una decisión política que recaiga en el Parlamento Vasco.
La reforma del decreto tiene como origen la creciente preocupación por la proliferación de universidades privadas en los últimos años. Desde 1999, las matrículas en estos centros han aumentado un 368%, mientras que el número de universidades públicas se ha mantenido estancado. Actualmente, existen 50 universidades públicas y 41 privadas en todo el país, lo que ha llevado al Gobierno a buscar una regulación más estricta para garantizar la calidad educativa.
El Gobierno Vasco se ha comprometido a trabajar junto con el Ministerio para encontrar una solución que permita conciliar las competencias de ambos gobiernos, especialmente en relación con las universidades online. Aún queda por resolver el problema de la invasión competencial, pero ambos sectores han acordado mantener contactos en los próximos días para avanzar en esta cuestión.
El nuevo decreto también plantea requisitos más rigurosos para la creación de universidades, incluyendo un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de funcionamiento y un 10% de plazas de alojamiento universitario. Además, las universidades que deseen ofrecer titulaciones online deberán contar con la aprobación de las Cortes Generales.
Las nuevas exigencias podrían tener un impacto significativo en las instituciones que actualmente se encuentran en proceso de creación o reconocimiento. Varias universidades que podrían verse afectadas son la TAI University-Universidad Internacional de las Artes y la Universidad Felipe II de Madrid, entre otras. La incertidumbre sobre sus futuros es un tema de preocupación en el sector educativo.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre la creación de nuevas universidades y la garantía de una educación de calidad en el país. Con la presión para aprobar la reforma antes del verano, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Universidades deberán continuar trabajando en un marco normativo que sea aceptable para ambas partes, asegurando que las futuras universidades no solo cumplan con los requisitos formales, sino que también ofrezcan una educación que responda a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad.
Es un momento crucial para el sistema educativo español, donde la calidad y la sostenibilidad de las instituciones deben ir de la mano. La colaboración entre administraciones será fundamental para establecer un modelo que garantice una educación de excelencia, vital para el desarrollo de Euskadi y del resto del país.
