La decisión del Gobierno nacional y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, de transferir parte de los controles sobre los aeropuertos en el País Vasco a la comunidad autónoma ha generado una reacción negativa en Aena. Este anuncio fue realizado el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, quien presentó la creación de un «órgano bilateral» destinado a «participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos». Aunque esta medida no implica un cambio de titularidad, sí ha suscitado inquietud dentro de la empresa aeroportuaria.
Aena, que está participada en un 51% por el Estado, ha manifestado su preocupación mediante un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), subrayando que vigilarán de cerca los movimientos de ambas partes en relación con este nuevo órgano. Además, han dejado claro que no dudarán en tomar acciones legales si es necesario.
El texto de Aena enfatiza que, según el artículo 149.1.20 de la Constitución española, la competencia sobre los aeropuertos de interés general es exclusiva del Estado. Por ello, las funciones normativas y de supervisión son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como de organismos como la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A su vez, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias en áreas como el planeamiento urbanístico y la promoción del turismo, que impactan en la actividad aeroportuaria.
Aena también ha recordado que la legislación protege su gestión aeroportuaria. Según la Ley 18/2014, que regula la red de aeropuertos de interés general, esta es propiedad de Aena y su gestión corresponde exclusivamente a la empresa, garantizando dicha gestión bajo el principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución.
AENA PREPARADA PARA ACCIONES LEGALES
La empresa pública ha declarado que, aunque aún no han actuado, están preparados para adoptar posturas más firmes y considerar acciones legales si se ven forzados a ello. Aena considera que el nuevo órgano debería configurarse como un instrumento de colaboración y consulta, en lugar de tener poder decisional, en línea con la normativa vigente.
Asimismo, Aena ha expresado su disconformidad con el anuncio del Gobierno Vasco, argumentando que algunas afirmaciones en la nota oficial sobre el acuerdo podrían infringir las normativas que regulan los procedimientos relacionados con las infraestructuras aeroportuarias, afectando así al modelo de gestión aeroportuaria en España y perjudicando los intereses de Aena y sus accionistas.
Además, han indicado que han encomendado a sus asesores legales la evaluación de las acciones que consideren necesarias para proteger los intereses de Aena y de sus accionistas, quienes son los verdaderos propietarios de los activos de la empresa.
DISPUTA POR LA GESTIÓN AERONAUTICA EN ESPAÑA
Este conflicto no es nuevo en España, ya que han existido discusiones previas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre la gestión de los aeropuertos. Partidos como Junts o el BNG han hecho demandas similares en el pasado, aunque siempre han fracasado en sus intentos, permitiendo que Aena mantenga el control de estas infraestructuras.
La reciente decisión parece ser una concesión de Sánchez para sostener los acuerdos con el PNV, aunque aún no se conoce el alcance concreto del mencionado «órgano bilateral». Este desarrollo plantea interrogantes sobre la futura gestión aeroportuaria en el País Vasco y el impacto que tendrá en las operaciones de Aena.
