La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha hecho un llamado a la colaboración y a la visión amplia en la implementación de medidas para abordar la crisis generada por los conflictos en Oriente Medio. Esta solicitud se produce tras el anuncio del Gobierno central de reducir el IVA de la gasolina, luz y gas del 21% al 10% como respuesta a los efectos de la guerra.
Durante una rueda de prensa en Bilbao, Bengoetxea expresó la preocupación del Gobierno Vasco ante las repercusiones que esta situación puede tener sobre las familias y las empresas, especialmente en lo que respecta a los precios de la energía y las cadenas de suministro.
La vicelehendakari destacó que Euskadi no es ajena a los efectos de esta crisis, señalando que el aumento de los precios de los combustibles y la posible inflación están impactando directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la industria. Subrayó que los sectores más electrointensivos están especialmente vulnerables a estas variaciones, lo que afecta su competitividad y capacidad de producción.
En este marco de incertidumbre, Bengoetxea informó que el Gobierno Vasco está adoptando medidas proactivas. La semana pasada, el lehendakari, Imanol Pradales, convocó al Grupo para la Defensa Industrial y, este martes, el Consejo de Gobierno activó un primer paquete de acciones por un valor de 1.047 millones de euros, enmarcado en el escudo industrial de Euskadi. La vicelehendakari enfatizó que la complejidad de la situación exige una perspectiva amplia y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno.
Además, Bengoetxea hizo hincapié en la importancia de que las medidas a implementar estén orientadas a mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía, tanto en los hogares como en el tejido industrial. Recordó las propuestas que el lehendakari ha presentado al Gobierno central, que incluyen la reducción del IVA de la electricidad de las familias del 21% al 5%, la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la reducción de los peajes de transporte y distribución. También abogó por aumentar las compensaciones por costes de CO2, hasta el límite legal de 600 millones de euros, frente a los 240 millones inicialmente previstos.
La vicelehendakari evitó comentar sobre las medidas específicas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está considerando, al afirmar que no tenía información detallada al respecto. Sin embargo, subrayó que «lo importante de las medidas no son los grandes titulares, sino la letra pequeña». En este sentido, el Gobierno Vasco evaluará las propuestas del Gobierno central una vez que se conozcan todos los detalles.
El contexto actual subraya la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz para afrontar los retos que la crisis energética presenta a Euskadi. Las medidas adoptadas no solo buscan aliviar la carga económica de las familias, sino también proteger a la industria vasca de los efectos adversos derivados de la inestabilidad en los mercados energéticos internacionales.
La situación demanda no solo atención inmediata, sino también un enfoque a largo plazo que permita a Euskadi fortalecer su resiliencia ante futuras crisis. Con una cooperación efectiva entre instituciones, se espera que las medidas en discusión consigan ofrecer un alivio significativo a la ciudadanía y a las empresas, mitigando el impacto de la crisis actual.
