El conflicto legal que ha surgido en el País Vasco tiene su origen en una denuncia presentada por UPyD en Vitoria, en la cual se acusa al Gobierno Vasco, encabezado por Íñigo Urkullu, de infringir la ley al realizar pagos a medios de comunicación vinculados al PNV, específicamente al Grupo Noticias. La acusación sostiene que estos pagos se efectuaron a cambio de contenidos favorables al Ejecutivo que no estaban claramente identificados como publicidad, lo que daría lugar a un trato de favor.
La investigación ha sido asignada al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, donde se ha tomado declaración al ex director de Comunicación del lehendakari, Iñaki Bernardo. Este último, que dimitió en octubre tras su imputación, está siendo investigado por tres delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en la contratación con las Administraciones. Se estima que la supuesta cantidad malversada en el único ejercicio analizado, correspondiente al año 2013, asciende a 241.180 euros.
Bernardo es el único imputado hasta el momento; sin embargo, se prevé que la querella pueda expandirse, ya que UPyD ha expresado su intención de solicitar la imputación de otros responsables de Comunicación de diferentes departamentos del Gobierno. Este movimiento busca involucrar incluso a consejeros del Ejecutivo.
UPyD justifica su decisión en que el ex director de Comunicación solo ha asumido responsabilidad en dos de los contratos que se consideran irregulares, aquellos firmados desde el Departamento de Lehendakaritza. Mientras el partido sostiene que estos contratos son de patrocinio y no de publicidad, el argumento del Gobierno es que no se ha infringido la ley. Sin embargo, UPyD mantiene que el uso de dinero público para favorecer a medios cercanos al Ejecutivo es inaceptable.
El partido, que ha visto su representación disminuida en el resto de España, cuenta en el País Vasco con un único representante en la asamblea legislativa. Gorka Maneiro, el parlamentario, ha reiterado que su objetivo es garantizar justicia y evidenciar si el Gobierno vasco ha vulnerado la legalidad al favorecer ciertos medios a través de financiación pública.
La controversia no es nueva, pues se originó en 2014, cuando UPyD denunció que el Gobierno Vasco pagaba a medios próximos al PNV por la difusión de contenido informativo que no se identificaba como publicidad. Esto podía llevar a la confusión en los receptores, quienes podrían pensar que se trataba de noticias elaboradas de manera independiente por las redacciones.
En un primer análisis, Maneiro identificó cinco contratos que sumaban 86.763 euros, que incluían diversas temáticas desde educación hasta asuntos de salud. En una segunda fase, el número de contratos sospechosos se amplió a siete más, lo que elevó las acusaciones al conjunto de los departamentos del Gobierno Vasco. Las cifras totales de estos contratos alcanzan un importe significativo que podría contradicir la ley de Publicidad y Comunicación vigente desde 2010.
El Parlamento Vasco, al conocer estas situaciones, mostró un respaldo unánime hacia la oposición, que exigió una reprobación del lehendakari y su equipo en julio de 2014. En este contexto, Urkullu reconoció algunos “errores” pero rechazó cualquier acusación de ilegalidad, defendiendo su actuación bajo la figura del patrocinio. Argumentó que sus pagos al Grupo Noticias representaban un porcentaje equitativo de su presupuesto de publicidad institucional.
La Cámara vasca ha solicitado en diversas ocasiones la recuperación de las cantidades gastadas en esta publicidad considerada irregular, aunque el Gobierno sostiene que se trataba de «servicios efectivamente prestados», lo que complicaría la devolución de esos fondos.
Con el tiempo, se han aprobado medidas para aumentar la transparencia en las inserciones publicitarias institucionales. Urkullu se comprometió a incluir cláusulas en todos los contratos para garantizar que los medios identifiquen claramente su financiación pública. Recientemente, se ha presentado un informe en el Parlamento que detalla el gasto publicitario, que supera el millón de euros en un periodo determinado.
A pesar de los avances en el control y la transparencia, UPyD continúa advirtiendo que Onda Vasca recibe más financiación pública de la que le correspondería según su audiencia. Maneiro ha subrayado que su objetivo es supervisar el uso del dinero de los contribuyentes y asegurar que no haya impunidad para quienes hayan cometido delitos en este contexto.
