El Gobierno Vasco ha decidido no incluir la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el reciente decreto ley sobre el sector eléctrico, aprobado tras el apagón del 28 de abril, el más grave en la historia de España. A pesar de que este organismo era una de las propuestas presentadas por Pedro Sánchez en su investidura en 2023, las negociaciones, que mantuvieron un perfil bajo hasta hace poco, llevaron a la conclusión de que justificar su establecimiento dentro del decreto resultaría complicado. Esto podría haber generado problemas con el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió anteriormente con otras medidas, como las indemnizaciones relacionadas con el almacén de Gas Castor.
Las fuentes consultadas indican que el Gobierno es consciente de que, en el actual contexto de debilidad parlamentaria, han perdido una posible oportunidad para avanzar en la creación de la CNE. Desde septiembre, un proyecto de ley para establecer esta institución permanece sin avanzar en el Congreso de los Diputados, habiendo recibido más de 20 extensiones para su tramitación. La falta de apoyos en las cortes es evidente, especialmente por el clima de incertidumbre causado por las investigaciones judiciales que afectan a figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
A día de hoy, el Gobierno aún no tiene garantizada la convalidación del decreto antiapagones que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Por ello, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, lleva desde la semana pasada en conversaciones con diferentes formaciones para asegurar apoyos en este asunto.
Algunos socios del Gobierno, como los partidos catalanes Junts y ERC, así como los vascos PNV y Bildu, han logrado que se incluyan algunas concesiones en el texto publicado en el BOE. Entre estas concesiones, se destaca la extensión del autoconsumo a cinco kilómetros del lugar de generación, medida ya implementada en la nueva ley. Esta situación ha generado críticas, ya que solo se aplica en Cataluña, dejando a otras regiones sin los mismos beneficios.
Además, tanto EH Bildu como el PNV han expresado su satisfacción por la inclusión de una subvención de 250 millones de euros destinada a la industria electrointensiva, que beneficiará en parte a empresas ubicadas en Euskadi. Sin embargo, la influencia de Junts per Catalunya es evidente en otras medidas que, aunque menos visibles, son de gran importancia. En el pasado, ambos partidos solicitaron que se flexibilizaran los plazos para proyectos de energías renovables, una cuestión que sigue generando tensión en el sector.
A pesar de estas concesiones, el futuro del decreto sigue siendo incierto. La principal incógnita radica en la posición de Podemos, un partido con el que el PSOE parece cada vez más distanciado y que aún no ha mostrado un apoyo claro. El Gobierno tiene un mes por delante para lograr contentar a esta formación. Por otro lado, el decreto también incluye una reducción del 25% en las exigencias mínimas de producción de energías renovables para acceder a primas, una medida que ha sido solicitada durante mucho tiempo por el sector.
Sin embargo, esta rebaja podría beneficiar tanto a pequeñas asociaciones como Anpier, que agrupa a familias que han invertido en energías renovables, como a grandes fondos de inversión que han apostado por este sector. Gigantes como JP Morgan o Brookfield podrían encontrar en estas medidas un apoyo para garantizar su rentabilidad y sus rendimientos económicos.
La situación del sector energético en España, especialmente en relación con la creación de la CNE, refleja una serie de desafíos que el Gobierno Vasco y otros actores políticos deberán abordar en un contexto cada vez más complejo. Este tipo de decisiones no solo afecta a la industria, sino que también tiene repercusiones en el ámbito social y económico, lo que obligará a todos los partidos a buscar soluciones consensuadas.
