El debate sobre la revisión fiscal en el País Vasco ha generado tensiones significativas entre los diferentes actores políticos y económicas. El Gobierno Vasco, conformado por el PNV, PSE y Podemos, sostiene que este acuerdo puede beneficiar a un millón de personas, abarcando así a cerca de la mitad de la población de la comunidad autónoma. Sin embargo, la oposición no se ha hecho esperar. La patronal Confebask y el sindicato ELA han manifestado su rechazo a la revisión, aunque desde posturas opuestas. Mientras que Confebask considera que la medida es un castigo para las empresas, ELA sostiene que no contempla suficientes garantías para los trabajadores. En este contexto, el consejero de Hacienda Noël d’Anjou ha defendido el acuerdo, afirmando que busca realizar ajustes concretos en el sistema fiscal para abordar problemáticas específicas como el acceso a la vivienda y la transición ecológica.
La revisión fiscal incluye medidas destacadas, como la exención de IRPF para quienes perciban hasta 20.000 euros anuales, permitiendo además que estas personas se beneficien de deducciones por alquiler. Se prevén también deducciones para mujeres viudas y ayudas que faciliten la emancipación juvenil. No obstante, la controversia se centra en otros aspectos específicos que han suscitado un debate intenso, a pesar de que D’Anjou instó a considerar la situación en su totalidad.
Es previsible que la negativa de ELA a apoyar el acuerdo ya estaba esperada, dado su rechazo habitual a las políticas del PNV. Por su parte, también se anticipaba que Confebask exhibiría una actitud crítica, especialmente en relación con las políticas propuestas por el Gobierno Vasco, como la reciente negociación de un salario mínimo propio. La patronal ha expresado que esta revisión podría representar un «castigo», ya que está condicionada a que las empresas no realicen inversiones ni generen empleo. Esta respuesta de Confebask pone en evidencia las tensiones existentes entre la administración y el sector privado.
Una de las medidas más debatidas es el aumento del tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades, que pasará del 17% al 19%. ELA ha criticado que esta medida tiene limitaciones que, a su juicio, la invalidan, ya que solo impactará a aquellas empresas que no inviertan. El acuerdo entre PNV, PSE y Podemos establece que este aumento se aplicará a las grandes empresas que no mantengan empleo ni realicen nuevas inversiones. Además, se introducirá un incremento en el tipo de impuestos para beneficios extraordinarios, pasando del 24% al 28% en ciertos casos, algo que ELA considera que tendrá un efecto muy limitado.
Confebask, representada por su presidenta Tamara Yagüe, ha calificado esta revisión como un “castigo al mundo empresarial”. Yagüe ha expresado su preocupación de que estas decisiones no contribuyan a la competitividad de las empresas en la región. En su intervención, señaló que la imposición de impuestos más altos a empresas que crecen contradice los mensajes oficiales que abogan por la expansión empresarial, lo que genera un descontento significativo entre los empresarios. La presidenta de Confebask ha añadido que la patronal no participará en la mesa de diálogo sobre el salario mínimo, argumentando que podría comprometer la viabilidad empresarial.
En medio de estas tensiones, D’Anjou ha reiterado que esta propuesta no se debe considerar una reforma fiscal en sentido estricto, sino un ajuste en aspectos específicos dado que el sistema ha funcionado adecuadamente en los últimos años. Resaltó que, dentro de la revisión, también se ofrecerán facilidades para que pequeñas y microempresas puedan compensar sus pérdidas en situaciones adversas.
Estas circunstancias han favorecido al PP, quien se presenta como una alternativa a la administración actual y ha solicitado una reducción generalizada de impuestos. El presidente del PP en la CAV, Javier de Andrés, ha instado a los partidos de izquierda a aceptar al PNV como parte de su coalición, aduciendo que la revisión perjudica a los vascos que pagan impuestos. Según de Andrés, el proyecto de PSE y Podemos es un mecanismo para cargar a quienes generan ingresos, mientras que el PNV parece más interesado en mantener su poder.
Desde el inicio de las discusiones, la controversia ha girado en torno a si la recaudación fiscal aumentará o disminuirá y qué impacto tendrá en el sistema de impuestos, generando desavenencias entre las diversas fuerzas políticas. La situación podría complicarse aún más con la falta de representación de Podemos en el Parlamento, lo que podría limitar su influencia en futuras decisiones. En este sentido, el líder de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha enfatizado que, si bien las medidas actuales son insuficientes, el partido sigue buscando mejoras sustanciales en la política fiscal.
Finalmente, en el marco de estas discusiones, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, se reunió con Confebask, en un encuentro que se desarrolló sin comentarios posteriores. Esta reunión resalta la necesidad urgente de diálogo entre los diferentes actores sociales y económicos para abordar los desafíos que enfrenta la región.
