El Gobierno Vasco asumirá la gestión de las prestaciones de desempleo, así como de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social y del Seguro Escolar a partir del 1 de enero de 2027. Este acuerdo ha sido alcanzado con el Ejecutivo Central y se formalizó el pasado viernes. Además, se contempla que a partir del 1 de octubre de 2026, la gestión de Salvamento Marítimo también recaerá en la administración vasca.
Tras la firma de este pacto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó su satisfacción por haber logrado una negociación que ha culminado «a buen puerto». Aunque reconoció que ha habido ciertas dificultades, subrayó que los acuerdos deben basarse en la «relación de concordia» entre las administraciones.
La transferencia de las prestaciones de desempleo es considerada la más significativa de las cinco que se han acordado, con un importe anual estimado en 822 millones de euros. Este traspaso incluye también la transferencia de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de un total de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa sobre estas prestaciones. Torres sostuvo que la Comunidad asumirá la gestión de estas prestaciones dentro del marco de la Seguridad Social y con un enfoque en la solidaridad.
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, destacó que la firma de este acuerdo cierra un proceso de negociación que ha sido «extremadamente laborioso». Según Ubarretxena, este avance en las transferencias se enmarca dentro de la filosofía de que «más autogobierno es más bienestar». También señaló que la centralización de la gestión de empleo en una sola ventanilla beneficiará a los ciudadanos, facilitando así sus trámites laborales.
El ministro Torres indicó que el cumplimiento de los acuerdos es crucial y enfatizó que “estamos cumpliendo con la concesión completa del Estatuto”. Sin embargo, también hizo hincapié en que aún quedan cerca de quince transferencias pendientes que se deben abordar en el futuro. Este desarrollo se enmarca en una estrategia global de transferencias que el Gobierno ha iniciado desde 2018, afectando a diversas comunidades autónomas como Galicia, Canarias, Andalucía y Cataluña.
El lehendakari Imanol Pradales criticó la tardanza en la firma del acuerdo, describiendo el proceso como uno «plagado de obstáculos y resistencias políticas y administrativas». Reconoció que el pacto fue alcanzado en el último momento y advirtió que la próxima fase de negociaciones para futuras transferencias será crucial para evaluar la voluntad real del Gobierno español bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez.
Pradales subrayó que los vascos no permitirán que se pierda el «espíritu y la letra» del Estatuto de Gernika, afirmando que este pacto no debe ser utilizado como un instrumento político. En este contexto, el lehendakari destacó la importancia de mantener un diálogo constante para avanzar en los traspasos pendientes, enfatizando que estos deben ser tratados dentro del marco constitucional y los Estatutos de Autonomía.
Este acuerdo, que hasta hace pocas horas estaba en suspenso debido a discrepancias entre los dos gobiernos, resalta la necesidad de una colaboración efectiva en un clima político a menudo tenso. Torres finalizó su intervención agradeciendo el trabajo técnico de ambos equipos y reafirmando la voluntad de continuar avanzando en futuras transferencias que beneficien a la comunidad autónoma.
