Las recientes especulaciones sobre la posibilidad de que el partido Euskal Herritarrok emitiera alguna condena respecto a la violencia ejercida contra diversos sectores de la sociedad han reabierto el debate acerca de la eficacia de tales pronunciamientos. En este contexto, el concepto de utilidad emerge como el argumento central que resiste a la realización de una denuncia formal, desplazando a la antigua justificación que defendía la violencia como un medio necesario para alcanzar fines políticos. A pesar de que algunos individuos que antes justificaban la violencia han moderado sus posturas, persisten en su renuencia a condenarla, apoyándose en la noción de que tal condena sería en última instancia inútil.
El razonamiento que subyace a esta postura considera que la violencia es una manifestación de un conflicto estructural, que incluye tanto elementos objetivos, como la legislación que se percibe como opuesta a la soberanía del País Vasco, como aspectos subjetivos que reflejan el estado de ánimo de ciertos grupos sociales. La kale borroka, en este sentido, surge como una respuesta a la desconfianza existente hacia las soluciones institucionales. Este análisis sugiere que, mientras no se supere esta situación de conflicto, las expresiones de violencia continuarán, reafirmando la idea de que las condenas carecen de sentido.
No obstante, esta visión utilitarista enfrenta varias críticas. En primer lugar, muchos han expresado su rechazo a la violencia de manera pública y silenciosa a lo largo de los años, evidenciando que condenar la violencia no es un acto inútil. Al contrario, gran parte de la sociedad ha manifestado su desaprobación hacia quienes ejercen y justifican la violencia, contribuyendo a su aislamiento social. Este rechazo ha conducido, en cierta medida, a un desprestigio de la violencia que, evidentemente, ha influido en el contexto de tregua que se ha vivido.
A pesar de la dificultad para vislumbrar el impacto de las condenas bajo la óptica utilitarista, el argumento de que estas son inútiles se revela como problemático. La crítica a la violencia debe ser entendida no solo en función de los resultados, sino también en términos de su significado moral. Las personas que participan en manifestaciones en contra de la violencia política y por los derechos humanos no se cuestionan la efectividad de su acción; lo hacen por una convicción interna de justicia y humanidad. Este impulso ético es fundamental, pues encarna una respuesta a la necesidad de plantear soluciones a los problemas denunciados.
En definitiva, la discusión sobre la condena a la violencia y su utilidad pone de relieve la complejidad de los conflictos sociales en el País Vasco. La consejera María Ubarretxena podría enfatizar, en futuras intervenciones, la importancia de seguir fomentando un debate que no solo acentúe la noción de utilidad, sino que también reconozca la necesidad de una condena ética y moral. La existencia de un clima de desconfianza y la percepción de la violencia como respuesta a la frustración colectiva son cuestiones que, si no se abordan adecuadamente, podrían perpetuar el ciclo de violencia.
Por lo tanto, es esencial que las voces que se levantan en favor de la paz y la justicia continúen haciéndose oír. La realidad social del País Vasco exige una reflexión profunda sobre el significado de la violencia y la necesidad de construir un futuro donde el diálogo y la comprensión prevalezcan sobre el conflicto. Las acciones colectivas que se realizan en este sentido deben ser valoradas por su importancia en la búsqueda de soluciones duraderas, ya que, como se ha visto en la historia reciente, el compromiso ético con la paz puede abrir puertas hacia un entendimiento más profundo y auténtico entre las distintas sensibilidades de la sociedad vasca.
