El Tribunal Constitucional ha decidido admitir el conflicto de atribuciones presentado por el Senado, a instancias del PP, que posee una mayoría absoluta en esta cámara. Esta situación se origina por la falta de presentación, por parte del Gobierno, de un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, incumpliendo así su obligación de hacerlo anualmente ante las Cortes Generales. Este caso es significativo ya que será la primera vez que el alto tribunal examine este problema específico.
El Pleno del Tribunal, que cuenta con 12 miembros, ha respaldado de manera unánime la propuesta de la magistrada progresista Laura Díez, quien solicitaba que se analizara este conflicto de competencias. De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, el PP utilizó su fuerza mayoritaria en el Senado para que se aprobara esta petición en octubre del año pasado, formalizándose a finales de 2022 tras un análisis cuidadoso debido a las reservas que existían en relación a acudir a un tribunal con mayoría progresista.
Desde la perspectiva del PP, el Gobierno ha limitado su capacidad para debatir y aprobar las cuentas públicas al no presentar los presupuestos correspondientes para 2026. Además, critica las prórrogas sucesivas de los presupuestos de 2023. En términos técnicos, el partido señala que se han vulnerado varios artículos de la Constitución, incluidos el 1.3 y el 66.2, que definen la forma política del Estado y asignan a las Cortes la responsabilidad de aprobar los presupuestos del Estado, respectivamente.
En particular, el PP alega que se ha violado el artículo 134 de la Constitución, que regula la obligación de presentar las cuentas públicas. Según su argumentación, el 30 de septiembre expiró el plazo estipulado por la Constitución para registrar estos presupuestos. Este artículo establece que el Gobierno debe hacerlo al menos tres meses antes de que caduquen los presupuestos del año anterior, y aunque no siempre se cumplen estos plazos, esta es la primera vez que no se presentan en absoluto.
En este contexto, el PP también ha denunciado un “abuso de la prórroga”, argumentando que se trata de una usurpación de atribuciones. Según su declaración, el Gobierno se está arrogando una competencia que no le corresponde, autorizando gastos que no han sido aprobados por las Cortes Generales, basándose en un presupuesto prorrogado más allá del límite temporal permitido por la Constitución. Este recurso expresa que esta situación menoscaba las atribuciones constitucionales del Senado, impidiendo el ejercicio de su función presupuestaria.
El partido sostiene que la prórroga continua y encadenada del presupuesto de 2023 es inconstitucional, ya que transforma un presupuesto anual en uno plurianual y representa un uso fraudulento de la prórroga para eludir la aprobación parlamentaria de nuevos presupuestos. La situación actual ha llevado a que el Gobierno considere que el conflicto planteado por el Senado no tendrá un gran recorrido, ya que creen que no se puede obligar a un Gobierno a presentar presupuestos sin el respaldo necesario. No obstante, el Gobierno ha afirmado su compromiso de hacerlo.
