Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá obligado a dar explicaciones en el Congreso tras un nuevo incidente ferroviario. Un tren de mercancías descarriló en una zona urbana de Irún, transportando decenas de miles de litros de material tóxico. Desde el pasado sábado, tanto el Ministerio de Transportes como el Gobierno Vasco no han proporcionado información sobre el suceso.
El Partido Popular ha manifestado su intención de exigir datos al presidente, registrando baterías de preguntas tanto en la Cámara Baja como en el Parlamento vasco. A raíz de otros accidentes recientes, donde han fallecido 47 personas, el líder del Ejecutivo ha postergado su comparecencia hasta el 11 de febrero, argumentando que la agenda incluye temas de diversa índole.
Sin embargo, la atención sobre el descarrilamiento en Irún es ineludible. Este accidente se ha producido en medio de negociaciones entre el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y los sindicatos de maquinistas para resolver una huelga que ha durado tres días. A pesar de que el tren no llegó a volcar, sí dejó daños en la vía y una situación que está bajo investigación.
El tren, de la compañía suiza Bertschi, era un cisterna cargado con al menos dos depósitos de 33.000 litros cada uno, que contenían hidrocarburos líquidos. Estos depósitos están clasificados como «contaminantes para el medio ambiente» y «altamente inflamables». La falta de información sobre el incidente ha suscitado cuestionamientos sobre la responsabilidad de las administraciones involucradas, como Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria.
Este descarrilamiento ha llevado al Gobierno Vasco y a Adif a enfrentarse a críticas sobre su falta de comunicación. Ni la administración vasca ni la operadora ferroviaria informaron al público sobre el siniestro hasta que el concejal del PP en San Sebastián, Borja Corominas, lo denunció casi 24 horas después. La presidenta del PP en Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha señalado que tanto el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, como el viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez, tienen una estrecha relación con la localidad, lo que hace aún más difícil entender el silencio oficial.
El incidente ha planteado preocupaciones sobre la seguridad en la red ferroviaria, especialmente en un contexto donde la falta de mantenimiento ha sido evidente tras el accidente de Adamuz, que resultó en la muerte de 46 personas. Después del descarrilamiento, un grupo de operarios ha estado trabajando en el lugar, mientras que la vía permanece cerrada y el tráfico se ve afectado desde la madrugada del sábado.
El Partido Popular ha comenzado a centrar su ofensiva en lo que consideran un «apagón informativo» y la cadena de «responsabilidades políticas» que, a su juicio, abarca desde Adif hasta el propio Gobierno central. En este sentido, el PP ha solicitado una cronología detallada de los acontecimientos, incluyendo la última revisión de la vía y el tiempo que el servicio estuvo interrumpido.
Además, exigen aclaraciones sobre quién es responsable del mantenimiento de ese tramo de vía, así como el estado real de la infraestructura y si existían daños previos al descarrilamiento. También han pedido que se detallen las comunicaciones entre el Gobierno vasco, Adif y el Ministerio de Transportes antes y después del incidente.
El PP ha manifestado su preocupación por el hecho de que los residentes de Irún, que viven a menos de 300 metros de la vía afectada, no fueran informados sobre el descarrilamiento y la naturaleza del material transportado. Esta falta de información ha generado un clima de incertidumbre y miedo entre la población, que se siente desprotegida ante posibles accidentes similares.
Finalmente, el contexto político se complica aún más con la proximidad de elecciones. Las exigencias del PP reflejan no solo una búsqueda de transparencia, sino también un intento de capitalizar la situación política en un momento en que la seguridad ferroviaria está bajo el escrutinio público. La combinación de estos factores podría tener un impacto significativo en la percepción del Gobierno y en la futura dinámica política en la región.
