Los gobiernos vasco y español continúan sus esfuerzos para implementar de manera efectiva el Estatuto de Gernika durante este año, con la intención de otorgar más autonomía a las instituciones vascas mediante la gestión de las 25 competencias pendientes de traspasar. Entre estas competencias, se destacan las relacionadas con la Seguridad Social y el ámbito laboral, que han sido objeto de tensiones políticas durante años, especialmente desde Madrid, y que enfrentan resistencias por parte de ciertos funcionarios y sectores sindicales. En este contexto, el Parlamento Vasco ha respaldado la negociación de las políticas pasivas de empleo, recibiendo un apoyo casi unánime de 67 de los 75 escaños, con la excepción del PP y Vox.
El lehendakari Pradales ha estado promoviendo la idea de que esta transferencia permitirá el desarrollo de un sistema integral de empleo. Desde el año 2011, la comunidad autónoma vasca se encarga de las políticas activas, que se centran en fomentar el empleo a través de la orientación y formación de personas desempleadas. Sin embargo, todavía queda pendiente la gestión de las políticas pasivas, que incluyen las prestaciones y subsidios para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Aunque la letra del Estatuto establece que la comunidad autónoma debe asumir esta gestión, el Estado retiene la competencia para determinar los requisitos y las cuantías de las ayudas.
El debate en el Parlamento fue impulsado por EH Bildu, y Sumar presentó una enmienda que buscaba garantizar la igualdad al referirse a la competencia reguladora estatal y al principio de “solidaridad interterritorial”. A pesar de esto, Sumar se alineó con la enmienda presentada por el PNV y el PSE, apoyando el cumplimiento del artículo 18.2 del Estatuto de Gernika a fin de promover un sistema descentralizado. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, del PCE de Euskadi, participó activamente en la discusión.
Por su parte, el PP se opuso al acuerdo, basando su postura en consideraciones políticas en lugar de jurídicas. En su intervención, no cuestionó la legalidad de la transferencia, sino que argumentó que la gestión por parte de las instituciones vascas sería ineficaz, citando a Lanbide como un ejemplo de mala administración. Su rechazo se enmarcó en una defensa del centralismo, a pesar de que sus argumentos contradicen el interés por reducir la burocracia existente, que actualmente obliga a los ciudadanos a realizar trámites entre las oficinas vascas y estatales.
Esta postura del PP contrasta con la narrativa que transmite cada octubre, durante el aniversario del Estatuto de Gernika, y muestra una contradicción en su defensa de la foralidad. Recientemente, el PP ha adoptado un discurso que pone en entredicho la capacidad de gestión del PNV, que es su principal competidor electoral. En este sentido, el actual Gobierno español, de orientación socialista, representa un desafío adicional para el PP, que ha sido criticado por su conexión con la ultraderecha de Vox, que rechazó la iniciativa argumentando “ante el vicio de pedir, la virtud de no dar”.
El parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, reiteró su crítica a Lanbide, afirmando que es “un desastre” y que los ciudadanos evitan acudir a sus oficinas cuando buscan empleo. Criticó la falta de propuestas constructivas y afirmó que la transferencia de competencias solo provocaría duplicidades que acabarían costando dinero a los vascos. Para él, los partidos están más preocupados por quién gestiona que por la efectividad de las políticas.
La iniciativa aprobada en el Parlamento es la enmienda a la totalidad presentada por PNV y PSE, que reafirma el acuerdo de 2017 sobre la transferencia de políticas pasivas de empleo, y establece la necesidad de cumplir con el Estatuto de Gernika a través de la negociación de los traspasos pendientes en este ámbito. EH Bildu ha solicitado que el Gobierno vasco presente toda la información necesaria en un plazo de tres meses.
Desde el PNV, Markel Aranburu expresó su satisfacción por el respaldo a la iniciativa presentada por EH Bildu, señalando la importancia de avanzar en el cumplimiento del Estatuto. En cuanto a Sumar, se subrayó que primero debe acordarse la transferencia antes de discutir qué políticas se implementarán en conjunto.
Finalmente, el portavoz del PSE, Ekain Rico, criticó al PP, sugiriendo que su frustración proviene del desmoronamiento de su imagen de buena gestión. Esta nueva competencia sería administrada por el vicelehendakari segundo, Mikel Torres, del PSE. Por otro lado, Pazis García, de EH Bildu, consideró que lo aprobado es insuficiente y que se requiere un mayor compromiso.
