El Ministerio del Interior ha autorizado recientemente el traslado de cinco reclusos pertenecientes a la banda terrorista ETA a prisiones ubicadas en Euskadi y Navarra, completando así el acercamiento de los 175 prisioneros que cumplen condena en España. Este movimiento deja a Natividad Jáuregui, quien fue extraditada desde Bélgica y se encuentra actualmente en prisión provisional en Madrid, como la única reclusa que permanece fuera de estas comunidades. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado esta decisión argumentando que no se puede seguir con la política de dispersión ahora que la organización terrorista ha dejado de existir.
Desde que comenzó el Gobierno de Pedro Sánchez, se han llevado a cabo un total de 351 traslados que han beneficiado a 216 presos diferentes, de los cuales 146 han sido transferidos a cárceles vascas. Esta cifra incluye los traslados realizados desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2022. Desde entonces, el Ministerio ha emitido comunicados sobre traslados en varios meses, confirmando en octubre la reubicación de once reclusos y en los meses siguientes de seis más en noviembre y diciembre, así como de cinco en marzo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha declarado que el acercamiento ha sido del 100 % de los presos de ETA, detallando que actualmente hay 164 presos en Euskadi y 11 en Navarra. En su más reciente comunicado, la AVT mencionó que esta última transferencia incluye a cinco reclusos, destacando que Sebasten Jon Gurtubay ha sido liberado recientemente y que Jaione Jauregi enfrenta una causa pendiente en prisión preventiva en Madrid. Según la AVT, en febrero de 2023, aún quedaban siete presos fuera de Euskadi.
El colectivo Etxerat, que apoya a las familias de los llamados «presos políticos» vascos, también ha divulgado información sobre los traslados de ETA. Aunque existen algunas discrepancias entre sus datos y los de la AVT, en general las listas de nombres se correlacionan. Estos datos reflejan que la mayoría de los movimientos han tenido lugar desde prisiones en regiones alejadas, como Andalucía y Extremadura.
En cuanto a la política de dispersión, esta se instauró en 1989 bajo el gobierno de Felipe González y ha sido objeto de debate a lo largo de los años. Durante la década de los 90, la banda terrorista continuó sus ataques, lo que llevó a que se considerara la dispersión de los internos como una medida para evitar que se agruparan y reforzaran entre sí. Este enfoque fue defendido en su momento como una forma de facilitar la reinserción social de los reclusos.
En los últimos años, varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por la política de dispersión, argumentando que debe respetarse el derecho de los prisioneros a cumplir sus condenas cerca de sus familias, tal como indica el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha subrayado que todas las personas encarceladas deberían poder cumplir sus penas en lugares cercanos a su entorno familiar.
Sin embargo, las asociaciones de víctimas, como la AVT y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), han expresado su rechazo a estos acercamientos. Argumentan que los presos no han mostrado un verdadero arrepentimiento ni han colaborado con la justicia, y exigen que demuestren su repudio a la actividad terrorista de forma individual antes de considerar cualquier acercamiento. Estas demandas reflejan la tensión que persiste entre las políticas penitenciarias y las necesidades de las víctimas del terrorismo.
Con la reciente autorización de estos traslados, el debate sobre la política de acercamiento de los presos de ETA y su impacto en la sociedad vasca se intensificará. Las opiniones están divididas entre quienes ven esta medida como un paso hacia la reconciliación y aquellos que la consideran un agravio para las víctimas de la violencia terrorista.
