El Gobierno Vasco y el Ejecutivo central tienen un plazo de aproximadamente dos meses para acordar cómo Euskadi podrá gestionar los tres aeropuertos que se encuentran en su territorio y que son competencia del Estado. Antes de que finalice el mes de marzo, se llevará a cabo una comisión bilateral en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con el lehendakari Imanol Pradales a desbloquear este asunto durante su último encuentro en La Moncloa. Los nacionalistas vascos consideran este proceso como un “traspaso” de competencias, mientras que en el Gobierno se habla de una “cogestión”. Este matiz es crucial, ya que la Constitución establece que los aeropuertos de interés general son competencia exclusiva del Estado.
El objetivo de Moncloa es negociar una solución intermedia, dado que han observado que la propuesta del PNV es demasiado ambiciosa. Fuentes cercanas a la negociación han subrayado que son conscientes de las limitaciones legales existentes, especialmente en relación a la “importante” participación de capital privado en AENA, la empresa gestora de los aeropuertos. Esta entidad es semipública, con un 51% de capital estatal y un 49% en manos de accionistas privados. De hecho, el Gobierno rechaza la idea de crear una filial de AENA, una propuesta que parece haber quedado fuera de la mesa de negociación.
Las conversaciones no comenzarán desde cero, ya que antes del verano pasado, Sánchez y Pradales acordaron la creación de una subcomisión centrada en infraestructuras aeroportuarias, con el fin de avanzar en el traspaso de estas competencias. En esta ocasión, han establecido un plazo que prioriza la gestión de los aeropuertos sobre otras demandas históricas del PNV, como el régimen económico de la Seguridad Social. Si se logra encontrar un acuerdo, las competencias se asignarían a un departamento del Gobierno vasco, dirigido por el PSE, que es socio del PNV pero con posturas diferentes respecto a estas demandas.
AENA se opone firmemente a cualquier traspaso de competencias y limita el ámbito de la negociación a buscar fórmulas que permitan a Euskadi contar con herramientas de participación en la gestión. Actualmente, ya se ocupan de competencias relacionadas con el territorio y el medio ambiente. Esta reclamación no es exclusiva de Euskadi, ya que otras comunidades autónomas como Catalunya y Canarias también han planteado situaciones similares. En el caso de Catalunya, el acuerdo de investidura de Salvador Illa con ERC incluye compromisos para avanzar en un modelo de mayor autogobierno para el aeropuerto de El Prat. Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, está en negociaciones para obtener una mayor participación en la gestión de los aeropuertos de las islas.
En este contexto, el presidente de AENA, Maurici Lucena, ya anticipó hace un par de semanas la oposición del Gobierno central a la propuesta del PNV, argumentando que cualquier transferencia exigida está fuera del marco legal. «La cesión de parcelas o la transferencia de aeropuertos a terceros por acuerdos políticos, por mucho que quisiera imponer en el consejo de administración, serían nulas de pleno derecho», afirmó durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum el pasado 15 de enero.
El Gobierno también ha resaltado la complejidad de esta cesión y la necesidad de encontrar un punto de encuentro que permita reducir expectativas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresó su convicción de que, a pesar de las dificultades, se continuará avanzando. Recordó que, hasta ahora, siempre se han logrado acuerdos consensuados entre ambas partes, y subrayó que este proceso se desarrollará «siempre dentro del marco de respeto absoluto a la Constitución y los estatutos».
Las negociaciones para encajar esta cesión se han centrado hasta ahora en buscar “distintas fórmulas negociales de cara a implementar el interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio”. La Comisión Bilateral de Cooperación, que se reunirá dentro de dos meses, abordará el “traspaso de nuevas competencias pendientes, incluyendo, entre otras, la relativa a Aeropuertos”, tal como insistió Pradales tras su encuentro con Sánchez.
Aparte de la cuestión aeroportuaria, el Gobierno Vasco también está interesado en obtener más competencias en materia de inmigración, buscando que Euskadi sea declarada «Frontera Norte». Pradales ha reivindicado que «no tenemos herramientas para gestionar como se merece este fenómeno, reclamamos capacidades políticas propias». Este reconocimiento podría conllevar recursos adicionales y capacidades de interlocución con el gobierno galo, dado que Euskadi atiende a personas en tránsito hacia Europa. Fuentes gubernamentales indican que alcanzar un acuerdo podría ser más viable y recuerdan que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya lo propuso en la última Conferencia de Presidentes, aunque fue bloqueado por los presidentes del PP.
