El Gobierno Vasco y el Ejecutivo central han acordado un plazo de dos meses para avanzar en la cesión de nuevas competencias al País Vasco en materia de inmigración y gestión de aeropuertos. Este compromiso se formalizó el pasado martes en una reunión en Moncloa, donde participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. La cita tuvo lugar tras semanas de tensiones debido a los retrasos en el calendario de transferencias establecido anteriormente.
Si bien el acuerdo no aborda aún los aspectos técnicos de las cesiones, establece plazos que son igualmente relevantes. Antes de la Semana Santa, se llevarán a cabo dos encuentros esenciales: una Comisión Bilateral de Cooperación y una Comisión Mixta del Concierto Económico. En estas reuniones, se espera que ambas partes definan los traspasos y reaviven una agenda que el Gobierno Vasco considera estancada.
Uno de los temas más críticos en la negociación es la gestión de la inmigración. Pradales transmitió a Sánchez la urgencia de «dotar a Euskadi de capacidades políticas propias» para hacer frente a un fenómeno que afecta ya al 14% de la población vasca, es decir, alrededor de 330.000 personas, con un crecimiento anual sostenido. En este sentido, el lehendakari solicitó que el País Vasco sea reconocido como «frontera norte» para poder participar de manera más activa en la gestión del tránsito de migrantes desde Francia, un ámbito en el que actualmente carece de un marco competencial claro.
Por otro lado, la segunda negociación se centra en los aeropuertos. El Gobierno ha mostrado apertura a una posible cogestión de las terminales vascas, algo que ya se planteó en la comisión bilateral del verano anterior, pero que no avanzó hasta ese momento. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció que alcanzar un acuerdo «no será sencillo» y advirtió que cualquier solución debe enmarcarse dentro del modelo de Aena, donde casi la mitad del capital es privado.
Desde el Gobierno se admite que la gestión aeroportuaria es uno de los traspasos con más obstáculos técnicos y jurídicos. Sin embargo, también se reconoce que postergar esta cuestión podría tener un coste político creciente. Fuentes del Ejecutivo han señalado que este compromiso de calendario busca «ordenar la negociación» y evitar repetir el conflicto que surgió con el traspaso de la gestión del desempleo, el cual, aunque acordado desde el verano, se cerró con meses de demora y bajo presión del PNV.
Este trasfondo ayuda a comprender el tono de la reciente reunión. Hace poco, el País Vasco asumió la gestión y el pago de las prestaciones por desempleo, lo que se consideró una cesión de gran significación simbólica y financiera. Los representantes del PNV expresaron su descontento en ese momento por los incumplimientos de plazos, subrayando que su apoyo parlamentario no podía darse por descontado.
Durante la reunión, Pradales optó por no elevar el tono del diálogo, aunque sí resaltó los «incumplimientos cualitativos» del Gobierno central. En su evaluación de los últimos 18 meses, reconoció que existen más acuerdos cumplidos que pendientes, pero enfatizó que aún queda por completar el Estatuto de Gernika y que las demoras afectan a cuestiones esenciales para el autogobierno vasco.
Además de los temas de inmigración y gestión aeroportuaria, el lehendakari planteó a Sánchez otras demandas en áreas como sanidad, seguridad y proyección exterior. Estas incluyen estrategias para abordar la falta de médicos y mejorar las herramientas para combatir la reincidencia delictiva. Aunque estas cuestiones no se cerraron en la reunión, se suman a una agenda bilateral que el Gobierno Vasco desea que avance sin más dilaciones.
Desde Moncloa, el acuerdo se enmarca dentro de una dinámica general de transferencias a diversas comunidades desde 2018. Sin embargo, en privado se reconoce que la relación con el PNV tiene un peso específico en esta legislatura, marcada por su fragilidad. En un contexto donde existen socios más impredecibles y un Congreso sin mayorías claras, cada desacuerdo con los jeltzales puede traducirse en incertidumbre parlamentaria inmediata.
Por lo tanto, establecer un plazo de dos meses tiene un significado que va más allá de un simple gesto. Se trata de una estrategia para ganar tiempo político y evitar que el debate sobre el territorio se reabra debido a incumplimientos. Para Euskadi, esta situación representa una prueba, mientras que para el Gobierno, se presenta como una oportunidad de margen. Con el calendario ya en marcha, queda poco tiempo para evitar que la situación llegue a un punto crítico.
