El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha comenzado una revisión minuciosa de cerca de 170.000 vacunas que fueron administradas durante el año 2025. Esta cifra excluye las dosis contra la covid y la gripe, ya que se cuenta con garantías de que no habían caducado. Esta información ha sido confirmada por fuentes del Gobierno Vasco, que han indicado que el objetivo del análisis es detectar posibles incidencias adicionales tras las que ya se habían identificado en las vacunas hexavalentes.
En un primer informe, se mencionó que aproximadamente 253 personas podrían haber recibido dosis caducadas. Sin embargo, esta cifra fue ajustada tras la intervención de la Agencia Española del Medicamento, que aclaró que un lote que tenía como fecha de caducidad el 31 de octubre en realidad era válido hasta finales de noviembre. Este detalle permitió descartar a aquellos que se vacunaron durante ese mes.
De 253 afectados a menos de 30
Como resultado de esta investigación, Osakidetza encontró errores en los registros sanitarios que estaban vinculados a segundas dosis o dosis de refuerzo. En varios historiales, la fecha de caducidad de una primera vacunación estaba registrada erróneamente. Después de corregir estas inconsistencias, el número de personas que realmente recibieron una vacuna caducada se redujo a aproximadamente 30, quienes ya están en proceso de revacunación.
Durante la investigación interna, el Departamento de Salud también identificó dos nuevos tipos de vacunas que habían sido administradas fuera de fecha: la triple vírica y la tetravalente. En total, estos hallazgos afectan potencialmente a 78 personas: 49 en el caso de la tetravalente y 29 en el de la triple vírica. Las autoridades sanitarias están contactando a todas estas personas para revisar los historiales y proceder a la revacunación cuando sea necesario.
En declaraciones a ETB, el consejero de Salud, Alberto Martínez, mencionó que la mayoría de los casos se concentran en dos organizaciones de servicios de salud integrados (OSI), una de las cuales se encuentra en la zona de San Sebastián. Además, subrayó que no existe riesgo de que los pacientes afectados sufran efectos adversos, dado que la caducidad había sido superada solo por un breve margen.
Martínez fue claro al señalar que «un error de este calibre no cabe en Osakidetza» y aseguró que, si se determina que la falla fue consecuencia de una actuación individual incorrecta, «tendrá que asumir su responsabilidad«. Asimismo, reconoció su propio papel como consejero en garantizar que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Ante las críticas de la oposición que acusaban al departamento de ocultar información, el consejero negó dicha acusación y defendió que su prioridad era asegurar que los datos llegaran primero a las familias afectadas. Según sus declaraciones, la actuación del departamento fue rápida y estuvo orientada a corregir el problema, reforzar los controles y, sobre todo, restablecer la confianza en el sistema sanitario vasco.
La situación actual plantea un desafío significativo para Osakidetza, que debe trabajar para recuperar la confianza pública tras este episodio. La transparencia en la gestión de crisis se ha vuelto esencial, y el departamento está comprometido a fortalecer los procesos de control para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.
