La portavoz del Gobierno Vasco, consejera María Ubarretxena, ha abordado este martes la investigación judicial que se ha iniciado por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con un palacete ubicado en Getxo. Este asunto ha suscitado un intenso debate político e institucional en los últimos días, a raíz de las acciones de la Ertzaintza, que la semana pasada accedió al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo para obtener documentación, siguiendo la orden del juez encargado del caso.
Durante su intervención, Ubarretxena aclaró que el Gobierno Vasco no tiene competencias directas sobre el inmueble en cuestión. En sus declaraciones, afirmó que «el edificio en cuestión no cuenta con una protección de patrimonio cultural a nivel de Euskadi, por lo que la gestión en este caso no corresponde al Gobierno Vasco». De esta manera, la portavoz delimitó la responsabilidad del Ejecutivo autonómico, enfatizando que la gestión del palacete debe ser contemplada dentro del ámbito judicial y administrativo del municipio.
Asimismo, Ubarretxena aseguró que el Gobierno Vasco no realizará ninguna valoración política mientras el procedimiento judicial esté en curso. Según expresó, «en la medida en la que existe un procedimiento judicial abierto, no vamos a realizar ninguna valoración al respecto». Esto refleja un enfoque prudente por parte del Ejecutivo, que ha subrayado su «total respeto a la investigación para que se aclare la situación lo antes posible» y también ha destacado la importancia de la «presunción de inocencia» de todas las personas y entidades involucradas, un principio que se considera esencial mientras avanza la causa.
La postura del Gobierno Vasco coincide con la adoptada recientemente por la alcaldesa de Getxo y el gobierno municipal, ambos del PNV. Esta coincidencia pone de manifiesto un enfoque común hacia la situación, basada en la prudencia y en la decisión de no interferir en el proceso de investigación judicial. Desde el Ejecutivo autonómico se ha insistido en que las diligencias en curso son parte del normal funcionamiento del Estado de derecho, y deben llevarse a cabo con total autonomía judicial, sin interferencias políticas o institucionales.
En cuanto a los detalles de la investigación, esta se centra en posibles irregularidades en la tramitación urbanística del palacete en cuestión, lo que llevó a la entrada de la Ertzaintza en las instalaciones del Ayuntamiento para recoger documentación técnica y administrativa. El Gobierno Vasco sostiene que será el juzgado competente quien determine la existencia o no de irregularidades, enfatizando la necesidad de que las instituciones actúen con cautela y respeto hacia el proceso judicial en curso.
El caso ha generado expectación en la comunidad, no solo por las implicaciones legales que pueda acarrear, sino también por el trasfondo político que lo rodea. La gestión del patrimonio cultural y las irregularidades urbanísticas son temas de gran relevancia en la política local, especialmente en una región como el País Vasco, donde el respeto a las normativas y la protección del patrimonio son considerados esenciales.
En este contexto, la consejera María Ubarretxena ha reafirmado que el enfoque del Gobierno Vasco será mantener una postura de respeto hacia el proceso judicial, esperando que se logre esclarecer la situación a la mayor brevedad posible. A medida que la investigación avanza, se espera que se sigan generando reacciones tanto en el ámbito político como en la ciudadanía, lo que podría influir en las futuras decisiones relacionadas con la gestión urbanística en la región.
